Movimiento en favor de la conservación del agua
Liberan en Puebla a campesinos ecologistas por falta de pruebas
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Concepci�olotla, dirigente de la UCEZ; L�ro Salazar, el hermano de F�x Jim�z, Tom�P�z y Felix Jim�z, afuera del penal de San Miguel tras la liberaci�e los campesinos FOTO Jos�asta�s
Puebla, Pue., 19 de mayo. El juez cuarto en materia de defensa social, Alberto Miranda Guerra, liberó a Lázaro Salazar Reyes y Félix Jiménez Galindo, dirigentes del movimiento ecologista más importante de la entidad, detenidos el viernes pasado acusados de los delitos de robo equiparado, robo calificado, despojo y daño en propiedad ajena. El juzgador consideró que la parte acusadora, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama), no presentó pruebas para demostrar la culpabilidad de los campesinos.
La dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Alma Delia Méndez, afirmó que la liberación de sus compañeros no es producto de "un favor" de las autoridades estatales, sino del trabajo de la defensa, que aportó las pruebas para desvanecer las acusaciones.
Destacó que el movimiento de defensa del agua en la comunidad Magdalena Axocopan, aledaña al volcán Popocatéptl, sigue firme "y salió más fortalecido", pese al embate del Soapama, apoyado por la gerencia estatal de la Comisión Nacional del Agua y la administración del gobernador Mario Marín Torres.
Explicó que los arrestos buscaban presionar a los pobladores de Axocopan para que aceptaran la construcción de una caja repartidora de agua, que sólo beneficiaría "a las autoridades municipales y a los propietarios de la fábrica El Volcán".
En entrevista, Méndez señaló que la liberación fortalecerá la resistencia contra la construcción del gasoducto que la trasnacional alemana Oiltanking pretende erigir en Tlaxcala, Puebla y Morelos y contra el proyecto de desarrollo urbano que desató la especulación de tierras en Atlixco.
Salazar Reyes y Jiménez Galindo fueron detenidos el 13 de mayo luego de una denuncia presentada por el Soapama. El organismo sostuvo que el 23 de abril de 2004 los campesinos de Axocopan cerraron un pozo que se alimenta de los manantiales de la comunidad.
El representante legal de los liberados, José David García, consideró que "detrás de la querella está la mano del gobierno del estado", pues el caso fue atraído por una dependencia de la procuraduría estatal. Recordó que los principales argumentos del Soapama fue que los directivos del organismo "vieron por televisión" los hechos que se imputaron luego a Lázaro y Félix y declaraciones de testigos que presenciaron los hechos desde un cerro que se ubica a tres kilómetros.