Caso Provida
Exigen senadora que SFP y SAT aclaren multas
Es importante que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya decidido seguir adelante con el caso Provida, porque la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al organismo que encabeza Jorge Serrano Limón es inferior al monto de lo defraudado y no se garantiza su cumplimiento, advirtió la senadora priísta Yolanda Eugenia González.
Precisó que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud para que se llame a comparecer a los funcionarios que impusieron la sanción a Provida por malversación de fondos públicos.
Se trata del titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, y del responsable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría, quienes deben explicar a los legisladores por qué se impuso una sanción tan blanda a Provida y a otros servidores públicos que han cometido irregularidades.
En el caso Provida, agregó, aunque la ASF determinó que existe daño patrimonial superior a 26 millones de pesos por la malversación de recursos destinados a la beneficencia pública y su utilización para beneficio personal, la SFP multó a Serrano Limón con poco más de 13 millones de pesos. Es decir la multa ni siquiera corresponde a la magnitud del daño patrimonial causado por Provida y, al parecer, sólo es "una medida publicitaria y mediática para acallar las voces que demandan aplicar todo el peso de la ley", recalcó.
Desempeño deficiente
Eugenia González señaló que, de acuerdo con un informe de la ASF, la actuación de la SFP ha sido deficiente, porque no ha sido capaz de cobrar en su totalidad las multas. Sólo de 2000 a 2003, durante la gestión de Francisco Barrio, se impusieron sanciones por más de 6 mil 51.3 millones de pesos a diversas dependencias y servidores públicos, pero sólo hicieron efectivos 12.4 millones, el 0.2 por ciento.
Dijo que es indispensable exigirle al SAT que aplique las sanciones, que sea eficaz en el cobro de multas y que tenga capacidad para reingresar el dinero que generan las sanciones a funcionarios públicos. "Preocupa que el monto total de las multas no cobradas por el SAT equivalga al presupuesto reportado por Diconsa a la ASF en 2003".
Destacó que los funcionarios sancionados por el caso Provida se suman a más de 26 mil servidores públicos castigados en lo que va del gobierno actual.
"Hay elementos para suponer que la sanción a Serrano Limón es, hasta el momento, una más de las miles impuestas por la SFP, que a la mejor ni se hace efectiva porque le falta sustento a los expedientes para permitir su cobro".
La senadora González dijo que es relevante que la ASF no quite el dedo del renglón y decida presentar una denuncia contra el director de Banobras, Luis Pazos, por el desvío de recursos públicos a Provida. De igual manera, agregó, los legisladores del PRI darán seguimiento al caso con la finalidad de que no se beneficie a Serrano Limón "con el cobijo de la impunidad".