Benefician a Usabiaga y Manuel Curi: regidores
En Celaya desvían recursos contra la pobreza a obras viales
Los recursos del ramo 33, que por ley deben destinarse al combate a la pobreza, durante los tres años pasados se han canalizado en el ayuntamiento panista de Celaya, Guanajuato, fundamentalmente a obras viales. Una de ellas es una carretera alterna que conduce a la empresa Congelados Vegetales (Covemex), propiedad del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga, y otra es un tramo de cuatro carriles, contiguo a un desarrollo habitacional llamado Brisas del Carmen, de Manuel Curi, constructor que mantiene vínculos estrechos con Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún.
En el trienio anterior, para los dos fondos que integran el ramo 33 se ejercieron 375.7 millones de pesos en total. De esta cantidad, sólo 13.3 por ciento, es decir, 50.7 millones, se destinó a obras sociales en colonias populares y comunidades rurales, y el resto se distribuyó entre la deuda pública, que en el caso de Celaya asciende a más de 100 millones de pesos, y a seguridad pública, entre otros rubros, de acuerdo con el Programa General de Obras (PGO) del municipio.
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciben estados y municipios -uno de los rubros del ramo 33-, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza.
Los 10 rubros enlistados en el ámbito federal son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educación, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
Asimismo, el artículo 37 de dicho ordenamiento señala que las aportaciones federales con cargo al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones del Distrito Federal -el otro apartado del ramo 33- se destinará exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, como deuda, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
Sin embargo, buena parte de estos recursos, durante las gestiones de José Mendoza Márquez y el actual alcalde albiazul José Rivera Carranza, han ido a parar a obras viales.
Este año se programaron 33.6 millones de pesos para el fondo para la infraestructura social, de los que sólo 17.5 millones serán para obras en colonias marginadas y comunidades rurales, en un ayuntamiento que tiene poco más de 400 mil habitantes, de los cuales 50 por ciento vive en la línea de pobreza.
Sin embargo, sólo en el camino que pasa por la empresa propiedad de Usabiaga se han destinado más de 15 millones de pesos en dos años, a pesar de la negativa de regidores de oposición, entre perredistas e integrantes de Convergencia. Se trata de un tramo de entre cuatro y cinco kilómetros.
Acerca del fraccionamiento de Manuel Curi, socio de Manuel Bribiesca, según denunciaron dirigentes perredistas guanajuatenses, las obras del malecón del río Laja no se ha detenido e incluyen la expropiación de predios para la creación de reservas territoriales, lo que ha originado protestas de las personas afectadas por el insuficiente ofrecimiento de indemnización que han recibido.
Se trata de una vía de cuatro carriles, en la cual está programada la integración de una ciclopista. La inversión en dos años superó los 17 millones de pesos.
Los perredistas denunciaron también que se han autorizado otros tres nuevos predios a Manuel Curi para continuar la expansión de la obra, especialmente en el eje nororiente, a lo que se oponen regidores de otros partidos.
En contratse con el desarrollo expansivo de obras viales, durante los pasados siete años de gobiernos panistas se autorizaron sólo 7.7 millones de pesos para obras en comunidades rurales pobres, y 8.8 millones para colonias populares, cantidades que no han aumentado en ese periodo, no obstante que las disposiciones presupuestales casi se han duplicado.
Entre otras obras viales cuestionadas por los regidores, construidas en detrimento de las que se vinculan a las comunidades marginadas, figura el Ferroférico, distribuidores viales, puentes, cruceros, calles de acceso a instituciones educativas y hasta para el recinto ferial.
En noviembre de 2003, el alcalde José Rivera Carranza recibió una petición en la que se detallaron 167 necesidades básicas, y se especificaron los requerimientos de 48 colonias y barrios, 25 comunidades y cuatro del centro que, en conjunto, beneficiarían a una población de 51 mil 710 personas. Dichos planteamientos quedaron sin respuesta.