Editorial
El desprecio a nosotros mismos
Formalmente abolida por la Constitución Política y las leyes secundarias, la discriminación en México es una realidad exasperante, extendida y profunda que distorsiona en forma grave la convivencia, la paz social y las posibilidades de desarrollo político y económico del país. Amparados en la formalidad institucional que oficialmente la condena, el gobierno y la sociedad ignoran en general la persistencia de la discriminación por causas de género, religión, edad, origen étnico, posición social, orientación sexual, nacionalidad, situación legal, enfermedad o capacidades diferentes. Los datos de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, cuyos distintos capítulos se presentan en estos días, constituyen, sin embargo, un retrato ineludible, indignante y aterrador de nuestras propias miserias mentales y de lo que no puede calificarse sino de desprecio de la sociedad hacia sí misma.
En efecto, si se agregan los grupos poblacionales sujetos a alguna modalidad de discriminación no heterosexuales, extranjeros, no católicos, indígenas, mujeres, pobres, ancianos, niños y jóvenes, discapacitados, ex convictos, seropositivos, entre otros se hallará que en la suma se encuentra la mayoría de la población mexicana.
La marginación y el desprecio se multiplican ante una persona que pertenezca a dos o más de esos grupos, por lo que una mujer indígena y anciana carga con el peso de tres modalidades distintas de discriminación, por ejemplo. A reserva de reflexionar más adelante sobre el conjunto de la encuesta referida, cabe centrarse hoy en el punto de los indígenas.
De acuerdo con el estudio, 66 por ciento de los mexicanos piensan que los pueblos indios tienen pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, 43 por ciento asumen que siempre habrá limitaciones sociales para éstos a causa de las características de su pensamiento, y más de 30 por ciento suponen que la única manera de que los indígenas pueden mejorar su situación socioeconómica es que dejen de ser indígenas.
Parte de estas creencias fóbicas y racistas puede explicarse con datos de otro estudio interinstitucional realizado por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, presentado en abril. Sus resultados refieren que 38 por ciento de los indígenas han escuchado alguna vez ofensas a su condición, 39 por ciento han leído insultos contra ellos en un texto impreso y una proporción semejante han sufrido, o saben de alguien que ha sufrido, ofensas, maltratos o despidos por su aspecto o por hablar una lengua originaria. Otro trabajo indica que 59 por ciento de los indígenas creen que su origen étnico los hace más propensos a sufrir tortura, 40 por ciento afirman que las autoridades judiciales no respetan los usos y costumbres de las comunidades indias y sólo 15 por ciento creen que podrían recibir atención en su idioma en una oficina del Ministerio Público.
A esta discriminación social debe agregarse la desigualdad económica, que se traduce en condiciones de extrema pobreza, desnutrición, insalubridad y marginación educativa, y la política e institucional, que se expresa de manera nítida por la negativa de la clase política a aceptar los acuerdos de San Andrés como fueron pactados y recogidos por la Comisión de Concordia y Pacificación una década.
Para finalizar, debe señalarse también que la discriminación contra los indios representa un agravio del país contra sí mismo por partida doble, porque no sólo demerita y devalúa su componente indígena pasado y presente, raíz y circunstancia, sino porque ofende y niega la porción humanista y tolerante de su herencia occidental.