El delito de Alony
E l 7 de octubre de 2001, día en que el gobierno de George Walker Bush inició su agresión contra Afganistán, el periodista de origen sirio y naturalizado español Taysir Alony se encontraba en Kabul, donde había sido enviado por la cadena televisiva Al Jazeera para abrir una corresponsalía. Un hombre llegó a su oficina, se presentó como emisario de Osama Bin Laden y le dijo que su jefe deseaba conceder dos entrevistas, una a una emisora árabe y otra a una televisora de habla inglesa. Con una condición: que ambos medios entregaran previamente las preguntas por escrito.
Para entonces, Alony llevaba dos años buscando esa entrevista, pero dudó en aceptar la propuesta porque la aprobación previa del cuestionario por parte del entrevistado no era una forma de proceder de Al Jazeera. Tras consultar con la redacción de su medio, terminó aceptando la propuesta y unos días después, el mensajero recogió dos cuestionarios: uno en árabe, de Al Jazeera, y otro en inglés, de CNN. Dos semanas más tarde, un automóvil se estacionó a unos metros de la oficina de Alony. Uno de sus ocupantes fue a buscarlo y le dijo que si quería tener una noticia muy importante tendría que acompañarlos de inmediato. El informador abordó el vehículo y fue llevado por distintos puntos de Kabul hasta que, en un terreno baldío, el auto se paró. Allí, Alony fue minuciosamente revisado para comprobar que no llevara armas, se le colocó una venda en los ojos y se le introdujo en otro transporte. Después de tres horas de camino, sus acompañantes lo bajaron del vehículo, le quitaron la venda y lo presentan ante el líder de Al Qaeda, quien le dio la bienvenida y se disculpó por las molestias. Bin Laden le advirtió que había preguntas de los cuestionarios a las que no daría respuesta, entre ellas las seis formuladas por CNN. Alony decidió seguir adelante pensando que, si la entrevista no reunía los requisitos exigidos por Al Jazeera, ésta tenía la opción de no transmitirla. En efecto, la emisora qatarí no difundió el trabajo porque estimó que éste carecía de interés informativo. La CNN, en cambio, la sacó al aire el 31 de enero de 2002. Por esos días, Alony cubrió la invasión estadunidense de Afganistán, y año y medio más tarde fue enviado a Irak, donde documentó la guerra del segundo Bush contra los iraquíes.
Desde noviembre de 2001 había comenzado en España la persecución de presuntos terroristas islámicos -la Operación Dátil-, entre ellos Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dadá, a quien el juez Baltasar Garzón considera principal cabecilla de Al Qaeda en España. Alony estaba al tanto de las detenciones, conocía a varios de los acusados e incluso les había hecho algunos favores, como llevar dinero (4 mil dólares fue la cantidad más alta) a parientes que residían en Afganistán. A mediados de 2003, los supuestos terroristas arrestados sumaban tres decenas. Pero eso no tenía nada que ver con él. Alony concluyó su asignación en Irak y volvió a España a cumplir con la tarea de abrir una corresponsalía en Madrid. Fue en esas circunstancias que, el 5 de septiembre de ese año, Garzón lo acusó de formar parte de la estructura de financiamiento de Al Qaeda y ordenó su detención. Seis semanas más tarde fue excarcelado por razones de salud -una severa dolencia cardiaca-, pero prosiguió el juicio en su contra. En noviembre del año pasado fue puesto de nuevo en prisión por un corto tiempo. El fiscal Pedro Rubira alega que sostuvo "intensos contactos" con Abu Dadá para exigir una sentencia de nueve años de cárcel contra el periodista.
Muy pocos en el mundo han tenido la fortuna de entrevistar a Bin Laden, y me parece que eso no amerita una condena de prisión sino, en todo caso, un premio de periodismo. Todos los informadores, por lógica elemental, tienen que establecer alguna clase de contacto con sus informantes, pero eso no los convierte en cómplices automáticos de sus delitos.
Estoy seguro que las faltas de Taysir Alony se reducen a lo siguiente: es muy buen periodista, es una buena persona y es musulmán y árabe en una circunstancia en la que esas pertenencias son motivo instantáneo de sospecha judicial.
Pero eso sí: en los foros internacionales, el gobierno español se llena el belfo con señalamientos de violaciones a los derechos humanos cometidas en países bárbaros.