Los ministros estudian los efectos de su decisión sobre las facultades presidenciales

Persiste el dilema en la Corte sobre el presupuesto: ley o acto administrativo

JESUS ARANDA

A pesar de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no determina el alcance de la facultad de veto que tiene el Presidente de la República sobre el Presupuesto de Egresos, al no establecer si éste es una ley o un acto administrativo, los ministros estudian ya los efectos de su decisión adoptada el pasado jueves, que serían:

Aprobar un dictamen "declarativo" y establecer cuáles partidas presupuestales modificadas por la Cámara de Diputados son legales y cuáles no; o bien, ordenar a los diputados que se hagan cargo de las observaciones del Ejecutivo y las superen mediante votación calificada o de mayoría.

Por su parte, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia dijo en entrevista que en caso de que el máximo tribunal estableciera que el Presupuesto es una ley y los ministros no entren al fondo de la controversia constitucional, entonces "no habría manera legal" de impedir que la Suprema Corte conociera de demandas similares cada año.

Hasta el momento cinco ministros se han opuesto tajantemente a que la Corte se "entrometa" en políticas públicas y decida qué partidas presupuestales deben subsistir y en qué términos. Es decir, a quienes se oponen al proyecto presentado por Ortiz Mayagoitia sólo les falta conseguir un voto para impedir que el pleno sea el que establezca el destino final de las partidas impugnadas por el Ejecutivo federal, casi 4 mil 700 millones de pesos.

En la sesión pública de ayer se mantuvo en punto muerto la discusión de la controversia constitucional 109/2004, toda vez que los ministros no se pusieron de acuerdo respecto a si el Presupuesto de Egresos de la Federación es ley o acto administrativo. Del sentido de esta determinación dependerá el alcance de la decisión adoptada el jueves pasado, cuando por mayoría de seis votos contra cinco el pleno determinó que el Presidente de la República tiene facultad de veto en esta materia.

En caso de que la mayoría considere que se trata de una ley, la declaración sobre el veto presidencial quedaría sin efectos, porque no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar una ley, como exige la ley que reglamenta las controversias constitucionales.

Pero si los ministros reiteran, como hicieron en primera instancia al confirmar la suspensión concedida al Ejecutivo federal, que el Presupuesto es un acto administrativo, la discusión atendería los efectos de la invalidez del acuerdo del 14 de diciembre pasado, en el que la Cámara de Diputados no tomó en cuenta las observaciones del Ejecutivo federal a las modificaciones que hizo al Presupuesto 2005.

Es decir, aquí hay dos posiciones radicalmente diferentes. La del proyecto de Mayagotia, y la posición asumida por los ministros Mariano Azuela Güitrón, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Sergio Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero, quienes consideran que la Corte no debe suplantar las facultades de los poderes Legislativo y Ejecutivo en política pública, por lo que sería un grave desacierto para el máximo tribunal hacerse cargo de las partidas.

Pero, además, son de la idea de que la Corte no debe limitarse a regresar a la Cámara de Diputados -con base en la invalidez del acuerdo del 14 de diciembre-, las observaciones del Ejecutivo para que las tome en cuenta, o en caso contrario, por medio de una votación calificada de dos terceras partes -del total de integrantes de la Cámara de Diputados o de los presentes en la sesión; o bien, por mayoría simple-, supere las observaciones del Ejecutivo. Más bien propugnan que el máximo tribunal defina los límites de los diputados y del propio Ejecutivo en materia presupuestal. Es decir, que deje claro que los legisladores no pueden crear programas de gobierno, desaparecer partidas o dejar partidas en cero; y que por su parte, el Presidente no puede negarse a publicar un presupuesto o participar en la aprobación de éste.

Por otra parte, el ministro Ortiz Mayagoitia aseguró en entrevista que el Ejecutivo federal le envió una constancia de que en los tres primeros meses del presente ejercicio fiscal se han "congelado" 750 millones de pesos de los casi 4 mil 700 millones que forman parte de la controversia constitucional. Añadió que, independientemente de la decisión que adopte el pleno, esos recursos deberán utilizarse en el presente ejercicio presupuestal. Aunque reconoció que si la Cámara de Diputados decide no aceptar las observaciones del Presidente de la República, y/o modifica las partidas presupuestales, cabe la posibilidad de que el Ejecutivo presente una nueva controversia constitucional, sobre el manejo de dichos recursos.