Usted está aquí: lunes 16 de mayo de 2005 Sociedad y Justicia El cártel de Sinaloa pudo haber planeado la fuga de narcotraficante guatemalteco

La SIEDO podría llamar a declarar al titular de Readaptación Social

El cártel de Sinaloa pudo haber planeado la fuga de narcotraficante guatemalteco

Familiares de custodios que fueron detenidos cuestionan el proceder de la PGR

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga si la fuga del presunto narcotraficante guatemalteco Otto Roberto Herrera García del Reclusorio Sur fue planeada y financiada por los capos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán -ambos del cártel de Sinaloa-, con quienes se le vincula desde hace más de 10 años, revelaron fuentes gubernamentales.

La dependencia tiene información de que el ahora prófugo de la justicia distribuía grandes cantidades de cocaína para diversos cárteles, entre ellos el del Golfo, que comanda Osiel Cárdenas Guillén, actualmente preso en el penal federal de La Palma, en el estado de México, por lo que en las próximas horas la dependencia realizará las diligencias respectivas para deslindar responsabilidades.

Funcionarios de la PGR precisaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), encargada de las pesquisas desde el pasado sábado, un día después de que se descubrió la fuga, no descarta la posibilidad de citar a declarar como testigos a trabajadores de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal, entre ellos a su titular, Antonio Hazahel Ruiz, con el fin de recabar elementos para determinar el grado de responsabilidad de autoridades capitalinas en la evasión del capo.

Sin embargo, precisaron que primero se deben desahogar los testimonios de todas las personas que fueron detenidas el sábado por autoridades policiacas capitalinas, y que desde la tarde de ese día se encuentran en calidad de indiciadas en las instalaciones de la SIEDO, luego de que la PGR atrajo el caso.

Ayer, los agentes del Ministerio Público Federal (MPF) encargados del asunto analizaban la posibilidad de duplicar el término legal con que cuentan (de 48 a 96 horas) para definir la situación jurídica de los 47 involucrados en la fuga, entre ellas Amado Azuara González, director del penal; Araceli Valencia, jefa de Apoyo Jurídico, y Miguel Angel Domingo Erbessd López, subdirector jurídico, así como diversos custodios y supervisores de aduanas detenidos el sábado, por lo que sería el próximo miércoles cuando las autoridades federales definirían si solicitan el arraigo o la aprehensión ante un juez federal o si las libera por falta de pruebas.

Según versiones obtenidas, el escenario más probable es que entre martes y miércoles se solicite una orden de arraigo a un juez con sede en el Distrito Federal, dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDS/087/2005, aunque aún falta determinar el grado de responsabilidad de las 47 personas.

De acuerdo con la información obtenida por este diario, al cierre de esta edición continuaban declarando ante el MPF los más de 40 implicados, la mayoría de los cuales no se reservaron su derecho a declarar, sino negaron cualquier responsabilidad en la fuga de Herrera García.

Familiares y amigos de los retenidos se encuentran desde el pasado sábado a las afueras de la SIEDO, ubicada en Plaza de la República, y algunos que solicitaron el anonimato indicaron que desconfían del proceder de la PGR, sobre todo a raíz de casos como el de Nahúm Acosta Lugo, ex director del área de Giras de la Presidencia de la República, quien fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico, pero la dependencia no pudo sustentar sus imputaciones ante las autoridades judiciales.

A su vez, el abogado Francisco Gerardo García Hidalgo, defensor de varios custodios retenidos, indicó en entrevista que sus clientes deberán esperar a más tardar hasta el miércoles a las 9 horas para conocer su futuro jurídico, aunque adelantó que si la PGR pide un arraigo en su contra recurrirán al amparo.

Explicó que era lógica la detención de sus defensos, porque "como custodios tienen la obligación de cuidar la seguridad dentro del penal y con base en esas funciones les pudieran atribuir alguna responsabilidad, pero ellos han declarado que son inocentes y rechazan cualquier imputación. Ninguno tenía tratos ilegales con el presunto narcotraficante".

 
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