Se requieren nuevas formas para resolver la problemática, aseguran
La legislación en el campo debe mantener su sentido social: diputados
El campo, en su conjunto, es un foco rojo; la creciente migración en los pueblos, el bajo porcentaje del gasto público para ese sector y la falta de financiamiento revelan que, lejos de lo que piensa el Ejecutivo en turno, los problemas agrarios deben atenderse social y jurídicamente con una ley que refleje esos aspectos, destacó el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus.
Los problemas derivados de resoluciones presidenciales mal elaboradas y planos sobrepuestos han generado una problemática jurídica, a la que se suman la existencia del minifundio, una demanda creciente de empleo, la preocupación de la gente del campo por la preservación de los recursos naturales y el reclamo de mayor participación, son planteamientos que deben insertarse en el nuevo marco jurídico agrario.
Para la senadora Arely Madrid Tobilla, las controversias en el agro tampoco se han atendido adecuadamente. "La tierra no ha tenido el trato, el merecimiento y mucho menos la inversión que requiere; es importante reconocer que debe haber nuevas formas para resolver la problemática y que los campesinos confíen en los órganos de justicia."
Ni el gobierno federal ni los legisladores deben "permitir perder el sentido social del campo".
Insertos en el debate de no sólo adecuar o hacer cambios a la ley agraria sino expedir una nueva, ambos legisladores destacan en la urgencia de buscar nuevas formas para resolver los problemas agrarios y que los órganos de justicia sean eficientes. "Es muy importante que la Secretaría de la Reforma Agraria no olvide que el proceso agrario más que un asunto jurídico, es un proceso social importante para el país", destacó la senadora Madrid Tobilla.
"No pretendemos ir contra el proceso de globalización y cambios requeridos, pero hay que reconocer la resistencia al Programa de Certificación de Títulos Ejidales y Solares Urbanos (Procede) y por eso 30 por ciento de la propiedad social no se ha medido", expresó en entrevista el diputado García Corpus.
A 13 años de la reforma al artículo 27 constitucional -que se generó bajo la expectativa de crear nuevas instituciones para llevar la justicia a los labriegos, inversión, crédito, empleo, en suma, mejorar el nivel de vida de los campesinos- la inversión en el fomento agropecuario disminuyó en 96 por ciento, el gasto público cayó en 73 por ciento, y el crédito agropecuario bajó en 76 por ciento; faltan por regularizarse más de 20 millones de hectáreas de propiedad social y la mayor parte de la propiedad privada, y 12 millones de jóvenes reclaman empleo; el problema agrario sigue vigente, asentó.
La propuesta de proyecto de decreto de la nueva ley agraria no es resultado de "ocurrencias de los legisladores, ni contempla sólo aspectos teóricos; en ella se atiende el reclamo campesino e indígena. Es una ley con carácter social que está enfocada a fortalecer al ejido y a la comunidad", aseveró.
Se sigue hablando de la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, los pocos recursos que se le han dejado están orientados a los programas de certificación de derechos ejidales y atención a conflictos -los llamados focos rojos-, y los problemas son atendidos burocráticamente. "Una de las propuesta para atender la demanda de tierra es la creación de un fondo de tierra para mantener a la población en tareas productivas e incorporar el relevo generacional de los jóvenes ante el envejecimiento de quienes son los actuales titulares. Esta es una política que debe mantenerse en el futuro, sin importar quien esté al frente del gobierno federal", abundó.
La propuesta de la nueva ley agraria, comentó, rescata la función social de la propiedad ya que obliga a las sociedades propietarias de tierras a mantenerlas en explotación; la reforma de 1992 les dio los derechos para adquirirlas pero con un fin productivo y no solamente especulativo.
Mencionó que en respuesta a la demanda de justicia de los pueblos indígenas, el sector más débil y olvidado del medio rural, se reglamenta su constitución y asegura su protección, respetando sus culturas, sistemas normativos, valores sociales, políticos y culturales. También se fortalece la vida orgánica de los núcleos agrarios ya que se precisan las atribuciones de la asamblea ejidal para mejorar la gestión de los asuntos financieros y sociales; se garantiza que los ejidos cuenten con los órganos de administración y representación vigentes y dota de personalidad jurídica y amplían los alcances de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM).
Otros aspectos de la propuesta de ley que apoyan 19 de los 29 integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados son: se regulan los múltiples acuerdos de arrendamiento que se dan en el campo para otorgar mayor seguridad jurídica, proteger a los campesinos y facilitar el acceso a la tierra por este medio; se incluyen disposiciones para el desarrollo productivo bajo principios de sustentabilidad, conservación del ambiente y biodiversidad, además de establecer modalidades más justas en los casos de expropiación; se reconoce a las mujeres como nuevos sujetos agrarios; se tutelan los derechos de los parvifundistas; se establecen límites a la propiedad ganadera y a las de las sociedades mercantiles, y propone la independencia de la Procuraduría Agraria en lo operativo, presupuestal, técnico y administrativo.