Entre las órdenes de captura que solicitará se incluye la del general Gutiérrez Oropeza

La Femospp pedirá la detención de Echeverría por la matanza de Tlatelolco

Prevé negativa del juez federal, pero se prepara para que la Corte atraiga el caso

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignará esta semana ante un juez federal, con sede en el Reclusorio Norte, la investigación acerca de la matanza del 2 de octubre de 1968, y solicitará al menos una decena de órdenes de captura por genocidio, homicidio y desaparición forzada, entre las que se incluyen la del ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) y otra para el general Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial.

Fuentes oficiales revelaron que en los próximos días, no sólo se enviará ese expediente, sino también uno correspondiente a la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, considerado un caso emblemático de la llamada guerra sucia en el estado de Guerrero; además de insistir en la solicitud de órdenes de aprehensión contra un ex procurador de justicia del estado de Hidalgo.

En las últimas semanas la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto ha terminado de elaborar el pliego de consignación que será puesto a consideración de un juez federal, aunque según las fuentes consultadas estima posible que no se le concedan las órdenes de captura, pero ya se tiene preparada la estrategia para que de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y resuelva en cuanto a la posibilidad de juzgar a los ex funcionarios por el delito de genocidio bajo la aplicación del marco internacional en materia de delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con los informes recabados, la Femospp tiene como indiciados y probables responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968 al ex presidente Echeverría, el ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas, el ex agente del Ministerio Público Salvador del Toro Rosales, al entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) capitán Luis de la Barreda Moreno, y el entonces comandante de un grupo de agentes Miguel Nazar Haro.

Entre los militares a quienes se considera penalmente responsables están el general Luis Gutiérrez Oropeza, Alonso Aguirre Ramos, Javier Vázquez Félix y Alberto Quintanar López.

Según las fuentes consultadas, esto forma parte de los resultados del Programa Jurídico Ministerial B, es decir, de la averiguación previa que se inició a raíz de la resolución de la SCJN dictada en el amparo en revisión 968/99, relacionada con los hechos del 2 de octubre de 1968.

Así, dentro de la averiguación previa PGR/Femospp/02/2002 comparecieron, en calidad de responsable, Miguel Nazar Haro, y en calidad de inculpados Alonso Aguirre Ramos, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Javier Vázquez Félix y Alberto Quintanar López, pero, como se recordará, todos se reservaron su derecho a declarar y se acogieron a los beneficios del artículo 20 constitucional, y en algunos casos, como el de Gutiérrez Gómez Tagle, fallecieron hace unos meses.

Las fuentes consultadas indicaron que no todos los que aparecen en la lista de inculpados hasta este momento pueden ser consignados el próximo martes, cuando, según algunos funcionarios de la Femospp, Carrillo Prieto les ha comentado que consignará el expediente. Lo que sucederá es que se mantendrá un triplicado abierto, es decir, una parte aún bajo investigación, para obtener mayores pruebas en su contra o decretarles el no ejercicio de la acción penal, a quienes se estime conducente.

Entre las conclusiones de la Femospp destaca que la matanza del 2 de octubre de 1968 se produjo porque el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz "usó la fuerza pública para dirimir el asunto de la sucesión presidencial" e inclinar la balanza en favor de Luis Echeverría, además de que se tejió una trampa al Ejército Mexicano para desacreditarlo, contando con el apoyo de los entonces jefes del Estado Mayor Presidencial y del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Gutiérrez Oropeza y Javier Ballesteros, para provocar el "fuego cruzado" entre los integrantes del Batallón Olimpia y los militares regulares que habían rodeado la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Esta consignación ocurrirá luego de varias renuncias en la fiscalía, pues según el ex encargado de la investigación del 2 de octubre, César Osorio y Nieto, desde hace más de un mes habría entregado el pliego de consignación concluido.

Caso Guerrero

Por otra parte la Femospp pondrá a consideración de un juez la investigación en torno a la desaparición del padre de la luchadora social Tita Radilla. De acuerdo con la denuncia habría sido detenido por miembros del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974, en la carretera nacional Acapulco-Zihuatajeno, en el municipio de Atoyac de Alvarez.

Según los primeros datos el único señalado como responsable, por los familiares de Rosendo Radilla es el general Francisco Quirós Hermosillo, pero hasta el momento no ha trascendido si habrá de pedirse orden de aprehensión en su contra o se atribuirá la desaparición a autoridades del estado de Guerrero.

Rosendo Radilla Martínez declaró que su padre y él fueron detenidos cuando viajaban a Chilpancingo, tras haber sido parados en un retén militar instalado en la colonia Cuauhtémoc, cerca de Atoyac. "En ese tiempo bajaban a todos los pasajeros de los autobuses y a nosotros ya no nos dejaron subir; mi padre les preguntó que por qué nos detenían y le dijeron que porque él componía corridos de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas."

Caso Hidalgo

A finales del pasado abril, un juez federal negó las órdenes de aprehensión solicitadas contra Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, por su presunta responsabilidad en la desaparición de seis personas en 1974.

El juzgado primero de distrito con sede en Pachuca, Noé Herrera Perea, se negó a librar los mandamientos judiciales por considerar que la Femospp no aportó pruebas suficientes para proceder también contra el ex procurador de justicia de Hidalgo, Alejandro Straffon, y otros dos ex servidores públicos estatales.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que la fiscalía de Carrillo Prieto tratará de nueva cuenta de que se libre orden de captura por los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 1974 en San Andrés Actopan, Hidalgo, cuando fueron privados de su libertad Andrés Gómez Balanzar, Daniel Tapia Pérez, Eduardo Candelario Villaburo Ibarra, Francisco Javier Coutiño Gordillo, Bartolomé Pérez Hernández y Sebastián Vázquez durante un operativo a cargo del entonces comandante de la Policía Judicial del estado Tomás Moncada.