Editorial
Transgénicos: posición nociva e indigna
El organismo conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destinado a implantar un código de ética en la producción de alimentos para asegurar su calidad, convocó a una reunión internacional en Malasia para tratar de imponer la obligación de etiquetar los alimentos transgénicos.
Allí se crearon dos frentes: los países europeos, asiáticos y africanos eran, en efecto, partidarios de esta medida de identificación, mientras los grandes exportadores de cereales transgénicos, Estados Unidos y Argentina, se oponían enérgicamente a la misma. Lo lamentable fue la posición de México, que es importador no exportador de transgénicos y, por tanto, debería tener interés en proteger de los organismos genéticamente modificados a sus granos y, naturalmente, la salud de su población, la cual consume cada vez más, sin saberlo, cereales transgénicos importados.
El voto de México, convertido en paladín de los intereses de las grandes trasnacionales cerealeras de Estados Unidos, fue decisivo para que no triunfara la posición favorable al etiquetado. Inclusive llevado por su celo de defensor de intereses ajenos, México argumentó contra el principio mismo de aclarar al consumidor, mediante etiquetas, qué es lo que encuentra en el mercado de alimentos.
Esta posición trae al recuerdo la reciente aprobación por el Congreso nacional de la llamada ley Monsanto (porque legitima en el país la introducción de transgénicos, tal como solicitaba dicha empresa). Por tanto, nuevamente, aparece claramente que la opinión pública de nuestro país no está informada sobre los potenciales efectos nocivos sobre el ambiente y sobre el consumo humano de la falta de control sobre los transgénicos. Pero también revela el carácter antidemocrático del procedimiento para la adopción de decisiones en los problemas fundamentales para el futuro de la población, del ambiente y del campo mexicanos, ya que las autoridades no informan ni consultan a nadie (expertos, parlamentarios, académicos) al adoptar posiciones que hipotecan el futuro de todos.
Si la opinión pública, investigadores, organizaciones campesinas y académicos hubiesen sido informados y consultados, México no podría haber actuado en Malasia como traductor al español de las posiciones de Washington. Y si hubiese una discusión pública, con información pertinente, acerca de los peligros implícitos en la utilización de los transgénicos, la aberrante ley Monsanto no habría sido aprobada tan fácilmente por una mayoría de diputados ignaros de sus consecuencias.
Por consiguiente, no estamos sólo ante un nuevo y grave error internacional del gobierno, sino también ante una nueva lesión a la dignidad y el prestigio de México, así como ante una nueva demostración de un decisionismo vertical y antidemocrático que debe cesar para que los ciudadanos puedan ser realmente sujetos de su destino.