El predio fue entregado durante el cardenismo; rechazan aceptar pago de $111 millones
Demandan yaquis restitución de 45 mil hectáreas expropiadas en 1997
Para el gobierno federal el caso La Cuchilla quedó "resuelto jurídicamente"
Ciudad Obregon, Son., 13 de mayo. El conflicto por la tenencia de la tierra entre la comunidad yaqui y particulares es un problema que para el gobierno de la República está resuelto "jurídicamente", por lo que la única alternativa que tienen los indígenas es aceptar el pago por la expropiación, sostuvo el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame.
Durante una gira de trabajo por esta ciudad, manifestó que a pesar de las protestas de la etnia, como el cierre de carreteras, para la Federación resulta "inamovible" el decreto expropiatorio de 1997, emitido por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
No obstante, en un encuentro con cinco de los ocho gobernadores tradicionales yaquis, Salazar Adame se comprometió a realizar en menos de 30 días una fotografía aérea para determinar con precisión los linderos de la etnia y comparar los decretos emitidos en su momento por los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Ponce de León.
La resolución despojó a los yaquis de aproximadamente 45 mil hectáreas que fueron dotadas en su momento por el presidente Lázaro Cárdenas, por lo que los indígenas sonorenses demandan que se les restituya el citado predio.
Salazar Adame sentenció que para el gobierno federal el caso de La Cuchilla, como se conoce el predio, "es inamovible jurídicamente", por lo que la única alternativa que tienen los yaquis es aceptar la indemnización.
En 1997, Ernesto Zedillo cubrió 40 millones de pesos por la expropiación, monto que desde entonces ha sido rechazado por la etnia, por lo que esos recursos fueron depositados en el Fondo de Fomento Ejidal, que con intereses acumulados suman actualmente 111 millones de pesos.
"Los dineros ahí están, y cuando lo dispongan las autoridades tradicionales yaquis se les hará entrega. No han querido retirarlo y nosotros somos respetuosos de esa decisión, pero es el pago por el concepto de la expropiación", indicó el secretario de la Reforma Agraria.
Entre los particulares beneficiados por el decreto zedillista destaca el ex gobernador de Sonora y actual presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, quien "ha impedido a los productores privados desarrollar proyectos productivos", manifestó Salazar Adame.
Manifestó que existe voluntad del gobierno de Vicente Fox de resolver el conflicto antes que concluya su administración, pero la división entre los ocho grupos de que se compone la etnia yaqui dificulta encontrar una salida pacífica al problema, no obstante que "jurídicamente" está resuelto.
En el encuentro con el funcionario, participaron los gobernadores yaquis de los pueblos de Tórim, Vícam, Potam, Rahum y Huirivis.
El gobernador Eduardo Bours Castelo dijo que "vamos por buen camino" en la solución de este problema, pero uno de los grandes conflictos de la etnia es el enorme rezago que enfrentan en materia de educación, salud y vivienda, entre otros. "Los niveles de marginación son muy altos", lamentó.