En medio de tensión obligan a renunciar al gerente
SLP: toman labriegos sede de Diconsa; la acusan de repartir "maíz podrido"
San Luis Potosí, SLP, 14 de mayo. Unos 120 campesinos tomaron las oficinas de Diconsa en protesta porque la empresa de abasto repartió en la zona rural del estado 800 toneladas de "maíz podrido". En respuesta, trabajadores de la dependencia advirtieron que si los inconformes no se retiran los desalojarán por la fuerza.
Los campesinos acusaron a Diconsa de entregar 800 toneladas de maíz en mal estado, por lo que demandaron la renuncia del gerente, Juan Carlos García Barocio, lo cual, tras varias horas de negociaciones fue aceptada por los representantes del director general de la paraestatal, Ramón Zamanillo, quienes aseguraron que la próxima semana designarán a un nuevo gerente.
Después de acordar lo anterior y de que los funcionarios de la empresa de abasto aseguraron que nunca entregaron maíz podrido, pues éste sólo se reservó para consumo animal, los labriegos -la mayoría miembros de los comités de abasto rural de toda la entidad-, desocuparon las instalaciones al mediodía de este sábado.
Por un momento, el sindicato de trabajadores de Diconsa tensó el ambiente, con la amenaza de que desalojaría por la fuerza a los manifestantes, con el argumento de que la ocupación del inmueble entorpecía el reparto de alimentos en San Luis Potosí.
El SITTGE acusa a De los Santos Fraga de negarles recursos
La dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara, denunció que el gobernador Marcelo de los Santos Fraga no les ha entregado recursos en represalia por la defensa de cinco trabajadores despedidos de la Casa de Gobierno por la esposa del mandatario panista, luego de que se afiliaron a ese organismo sindical.
La lideresa del movimiento que mantiene plantones frente al rancho San Cristóbal, en Guanajuato, y ante el palacio de gobierno de San Luis Potosí, denunció que el gobierno estatal ha retenido 700 mil pesos que debía haberles entregado desde el pasado 10 de mayo.
Reséndiz Lara consideró el retraso una medida de la administración que encabeza De los Santos Fraga para presionar al sindicato con el propósito de que éste se desista de su pretensión de reubicar a los cinco despedidos de la Casa de Gobierno.
Los ceses, ordenados por la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Guillermina Anaya, se realizaron en abril pasado, al descubrir que el personal doméstico de la residencia oficial se había afiliado al SITTGE.
La dirigente sindical reveló que las aportaciones que el gobierno estatal hace al sindicato para la compra de uniformes a sus afiliados y para sus festejos fueron congelados a partir de las protestas que encabezan los afiliados a la organización.