Pascuala Gutiérrez Alvarez, privada de su libertad sin orden judicial, señala
Denuncia AI la detención de una tzeltal en una casa de arraigo en Chiapas
Esos sitios socavan las garantías de apresados y animan a coaccionar, dice la agrupación
San Cristobal de Las Casas, Chis., 14 de mayo. Las casas de arraigo que la Fiscalía General del Estado utiliza en Chiapas "socavan los derechos fundamentales de las personas detenidas, animan a usar la coacción y violan las garantías sobre juicios justos", afirmó Amnistía Internacional (AI).
La agrupación de defensa de los derechos humanos informó que en una de estas casas se encuentra detenida, desde el 8 de abril pasado, la indígena tzeltal Pascuala Gutiérrez Alvarez, a quien se le relaciona con el presunto autosecuestro del alcalde de Tenejepa, Alonso Méndez Guzmán.
"AI siente preocupación por la seguridad de Pascuala -quien fue detenida sin orden judicial-, pues corre peligro de sufrir tortura o malos tratos", agregó la agrupación en una "acción urgente" en favor de la indígena.
Explicó que seis horas después de haber sido detenida, la mujer "compareció ante la Fiscalía General del Estado, la cual pidió que fuera recluida en una de sus casas de 'arraigo' mientras investigaban su posible implicación en delitos de secuestro y extorsión".
Señaló que el juez de la causa "concedió la petición y recientemente amplió este periodo de detención preventiva 30 días más". De acuerdo con AI, la familia de Pascuala "ha podido visitarla y su abogado ha podido tener un acceso limitado a ella, pero ha dicho a AI que no ha sido informado de los cargos que pesan sobre su cliente o de la base de la investigación".
La agrupación humanitaria precisó que "según la ley mexicana, un juez puede ordenar un tipo de detención informal, conocida como 'arraigo', si los fiscales no tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra un sospechoso después de detenerlo, pero alegan que existe peligro de que éste huya durante la investigación subsiguiente".
En Chiapas -señaló AI- "la legislación alienta a los jueces a conceder sistemáticamente estas peticiones que pueden ampliarse hasta por 90 días", lo que "ha llevado a la Fiscalía General a crear una serie de 'casas de arraigo' en las que recluye a sospechosos sin presentar cargos contra ellos mientras se llevan a cabo las investigaciones".
En dichas casas de arraigo, abundó, "se niega o se obstaculiza con frecuencia el acceso de familiares, abogados y médicos, y se crea una forma de custodia preventiva sin cargos".
AI, con sede en Londres, sostuvo que "ha recibido frecuentes denuncias de tortura, malos tratos y presiones indebidas a sospechosos en este tipo de detención, prácticas que han llevado a la obtención de testimonios que pueden utilizarse para formular cargos y conseguir condenas", por lo que "la Organización de las Naciones Unidas y otras agrupaciones internacionales han pedido que se ponga fin" a las casas de arraigo.