Ningún avance en la indagatoria del joven jalisciense cuyo paradero se desconoce
Alarmante incremento de casos de desapariciones forzadas, afirman ONG
A casi tres meses de la desaparición de Fabián Arroyo Bustos, en Guadalajara, Jalisco, autoridades estatales y federales no han presentado avances de la investigación, al tiempo que defensores de derechos humanos calificaron de "alarmante" el incremento desapariciones forzadas de jóvenes, en las cuales presuntamente participan agrupaciones policiacas y militares que actúan en forma organizada ante la "complacencia" de instituciones de justicia estatales y federales.
Laura Elizabeth Bustos, madre de Fabián, de 21 años y de quien no se conoce su paradero desde el pasado 25 de febrero, afirmó que funcionarios de las procuradurías federal y estatal, encargadas de realizar las pesquisas, "se niegan a dar información y sólo nos dicen que se comunicarán cuando sepan algo". Indicó que desde la desaparición de su hijo presentaron las denuncias correspondientes ante las procuradurías estatal y de la República, así como ante las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, sin que hasta el momento "nos hayan dado respuesta a nuestra demanda de justicia y de que se esclarezcan los hechos de su desaparición".
Agregó que la mañana del 25 de febrero su hijo salió poco después de las ocho de la mañana para dirigirse en su auto hasta el aeropuerto internacional de Guadalajara, donde laboraba en el área de mantenimiento de la empresa Mexicana de Aviación. El automóvil apareció bien estacionado y cerrado a unas cuantas cuadras del domicilio familiar. Ante este hecho "consideramos que lo seguían desde que salió de la casa y que fue detenido a plena luz del día".
Su padre, Jaime Arroyo, asegura que tras la desaparición de su hijo, "nos dimos a la tarea de investigar nosotros mismos las pistas a nuestro alcance, por ello logramos conocer no sólo las características de la camioneta negra que siguió a mi hijo los días previos a su desaparición, también el número de placas, los cuales investigamos y se comprobó que eran falsas. La información fue entregada a las autoridades sin que hasta el momento presenten resultado alguno".
Al respecto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, señaló que no es "justificable" pretender ignorar la desaparición forzada de personas, "aun cuando se vincule a la víctima con delitos graves, ya que bajo cualquier cargo se tiene derecho a un juicio justo y al respeto de los derechos humanos".
Señaló que la falta de una tipificación adecuada del delito de desaparición forzada revela la "grave crisis del sistema de justicia en México y la falta de investigaciones serias que ayuden a dar con los responsables", creando un clima de impunidad que favorece la proliferación de nuevos casos. Por ello, exhortó a que se denuncie de forma pública cualquier acción orientada a justificar la desaparición forzada y la violación de derechos humanos, así como la "inacción de las autoridades responsables de investigar y sancionar a quienes cometen estos delitos".
En entrevista por separado, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que los casos de jóvenes desaparecidos revela que subsisten condiciones de violación "generalizada" a los derechos humanos en México, al persistir "serias irregularidades en las investigaciones y detenciones que realizan los cuerpos policiacos".
La desaparición forzada, afirmó, constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, no sólo por la grave angustia que genera a los familiares de la víctima, sino porque el detenido desconoce qué autoridad lo retiene, cuáles son los cargos que se le imputan y cuál es la situación que vive su familia, lo que propicia un contexto generalizado de violación a los derechos humanos.