Los asesinatos, por órdenes de Augusto Pinochet, afirma en un documento notarial

Aclara ex jefe militar el destino de 596 víctimas de la dictadura chilena

Asume el ex general Manuel Contreras su responsabilidad en múltiples asesinatos y desapariciones

Impacta la contabilidad criminal del ex jefe de los aparatos represivos a los familiares de afectados

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 13 de mayo. Quien fuera jefe de los aparatos represivos de la pasada dictadura militar chilena (1973-1990), el ex general Manuel Contreras Sepúlveda, asumió este viernes su responsabilidad en los múltiples asesinatos y desapariciones de dirigentes políticos opositores al dar a conocer un documento notarial sobre el destino de cerca de 600 víctimas.

En lo que su defensa dijo que era un trabajo de "colaboración con la acción de la justicia", el director de la ya desarticulada Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) brindó detalles sobre el paradero de unos 596 izquierdistas desaparecidos, pero de cuyos crímenes responsabilizó a la junta militar de la que su máximo jefe era Augusto Pinochet Ugarte.

De entrada, afirmó que la responsabilidad por los actos cometidos por sus agentes secretos debe adjudicarse "al comandante en jefe del ejército y presidente de la república de la época, general Augusto Pinochet", a quien en los últimos tiempos había venido criticando por abstenerse de defender a quienes han sido procesados y por evadir los juicios en su contra bajo el alegato de sufrir problemas mentales.

Del mismo modo, atribuyó responsabilidad en los actos represivos tras el golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, a "los comandantes en jefe de las respectivas instituciones armadas y de orden", así como a quienes "formaban parte de los diferentes ministerios en los cargos más altos durante la dictadura instaurada después de la cruenta asonada castrense.

Contreras distribuyó la responsabilidad sobre los crímenes de la siguiente manera: ejército, 134 asesinatos con desaparición del cuerpo de la víctima; armada, 35, fuerza aérea, 53; carabineros, 92; Dina, 80; Investigaciones, 35; Central Nacional de Inteligencia (heredera de la Dina), 10; Comando Conjunto, 94; inteligencia militar, seis.

De otros organismos de la dictadura militar citó 57 muertes. En total, suman 596 los casos de detenidos desaparecidos.

Estableció que los "destinos finales" más frecuentes fueron los siguientes: lanzados al mar frente al balneario de Pichilemu, al puerto de San Antonio, a la caleta de pescadores de Los Molles, al río Maipo, al lago Ranco y en el mar frente al puerto de Valparaíso; también, sepultados en el Cementerio General de Santiago como desconocidos o enviados con nombres falsos al Instituto Médico Legal.

Cuando las desapariciones ocurrieron fuera de Chile, lo común es que los cadáveres eran lanzados al océano Atlántico o al Río de la Plata, y citó 30 casos.

"Esos (los nombres de las víctimas) están entregados en un documento anexo a una declaración que él hace, que entrega con la mayor sinceridad y colaboración a los tribunales", dijo su abogado Juan Carlos Manns, sobre el envío de un escrito de 30 hojas a la Corte Suprema y con copias al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio de Justicia.

El documento fue redactado por Contreras desde la prisión en un cuartel en que actualmente cumple una sentencia de 12 años, junto con un grupo de sus colaboradores de la Dina, por el secuestro calificado del guerrillero Miguel Angel Sandoval Rodríguez, desaparecido desde 1975 por las fuerzas entonces a su mando.

Según expresó en el texto, "he resuelto desarrollar este trabajo, pues como director de la Dina no he podido sustraerme, ni moral ni profesionalmente, a la barbarie judicial y publicitaria a la que han sido sometidos todo un conjunto de personas absolutamente inocentes, que pertenecieron a la dirección por mí comandada".

En esta parte, el hombre que ya cumplió una sentencia de siete años de prisión por el asesinato de Orlando Letelier, quien fue ministro del Exterior del presidente Salvador Allende, habló de "vejaciones, humillaciones y sufrimientos inmerecidos" que han padecido "personas inocentes" de las diferentes instituciones de la defensa nacional y civiles.

Esto es, dijo, como producto de acusaciones de "supuestos apremios físicos a individuos y supuestas desapariciones de otros individuos, situaciones que como más adelante explicaré, son total y absolutamente alejadas de la verdad de la tan particular y sesgada justicia con la cual se ha pretendido juzgar a los mencionados integrantes de mi dirección".

Manns explicó que con esta confesión, Contreras busca exculpar ante la justicia de los crímenes a sus subordinados, al insistir en que ellos sólo cumplieron órdenes superiores, y además para que la justicia reúna todas las causas en su contra en una sola.

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, se declaró "impactada" por la confesión del ex militar, y dijo que confirma las denuncias que durante años han hecho sobre las violaciones contra los derechos humanos y de la responsabilidad de los organismos de seguridad de la pasada dictadura pinochetista.

Hiram Villagrán, abogado querellante de familiares de las víctimas, señaló que "son falsos" los datos aportados por Contreras sobre el paraderos de los detenidos desaparecidos.

Citó que el ex jefe militar sigue atribuyendo los crímenes de Letelier y del general Carlos Prats sólo al estadunidense Michael Townley, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como de otros casos en que la Dina habla de opositores muertos en "enfrentamientos".

Por su parte, el portavoz del gobierno del presidente Ricardo Lagos, Francisco Vidal, se mostró cauto en torno al informe de Contreras cuando habla sólo de más de 500 desaparecidos, pues en total se contabilizan unos 3 mil durante la dictadura pinochetista.

Dijo que ojalá esta información abra esperanzas de verdad y justicia para los familiares de las víctimas y que en torno a su validez sólo podrán pronunciarse la justicia chilena.

En otro asunto, el Banco de Chile anunció haber presentado una demanda civil en Nueva York contra Oscar Aitken, asesor financiero de Pinochet, a quien acusó de cometer fraude y abuso de confianza al ocultar fondos del ex dictador en aquellas ciudad.

Hasta la fecha, Aitken está bajo proceso en Chile por los manejos de las cuentas secretas que el ex gobernante de facto mantuvo en Estados Unidos.