Al cabo tenemos petróleo
Esta semana, La Jornada dio cuenta de la incapacidad del gobierno para recaudar los impuestos, que le son necesarios para cumplir con sus obligaciones en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura y desarrollo.
Fuera de los impuestos que recibe de los trabajadores asalariados y otros contribuyentes cautivos, el sistema impositivo federal presenta una de las eficiencias de captación de ingresos fiscales más bajas del mundo, gracias a exenciones múltiples, creadas supuestamente para promover el desarrollo económico, incluyendo desde luego la exención para el movimiento de capitales.
La promoción que el gobierno de Vicente Fox ha hecho de la economía informal, ante su incapacidad de crear empleos, tiene y ha tenido como contraparte la imposibilidad de captar impuestos en ese sector, no obstante la inmensa cantidad de recursos que allí se manejan. Adicionalmente, el estancamiento de la economía, producido por las medidas monetaristas impuestas por el gobierno para reducir la inflación artificialmente, tiene a las pequeñas y medianas empresas al borde de la crisis, imposibilitándolas para cumplir con sus compromisos fiscales (ver La Jornada del martes 10 de mayo), mostrando así la inoperancia de las estrategias económicas diseñadas.
¿Se trata de incapacidad técnica, de falta de voluntad, de irresponsabilidad o de corrupción? Un ejemplo concreto de lo que sucede en el terreno fiscal puede ser útil para entender el problema: a través de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cruzan la frontera diariamente 3 mil tráileres provenientes de Estados Unidos. El valor de las mercancías transportadas en cada tráiler varía entre 300 mil y 10 millones de pesos. Debajo de estas cifras, el transporte de esas mercancías resulta incosteable. Dependiendo de la naturaleza de las mercancías y de la normatividad vigente, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano debe recibir un porcentaje del valor de las mercancías transportadas, que puede oscilar entre 4 y 20 por ciento, con unas pocas excepciones, en las que estos porcentajes pueden ser mayores o más reducidos. Esto indica que en condiciones normales los impuestos de importación de cada tráiler pueden oscilar entre 20 mil pesos y 2 millones de pesos, con una estimación conservadora de 200 mil pesos como promedio.
Los vistas aduanales del gobierno tienen a su cargo la revisión de los tráileres que ingresan a México para verificar la naturaleza de las mercancías que transportan y la congruencia de ésta con los pagos realizados por la agencia aduanal, representante de los dueños de esas mercancías. Los vistas aduanales son contratados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de forma eventual, sin prestaciones médicas ni sociales y con salarios reducidos. Esto no les preocupa, ni lo ven como algo injusto, pues saben que lo pueden compensar con ingresos de otra naturaleza. Esta situación tampoco preocupa a la Dirección de Aduanas ni a la SHCP, seguramente por las mismas razones.
El resultado es una red colosal de corrupción, con enormes daños para el país. Tres mil tráileres diarios pagando la décima parte de los impuestos que les corresponden podrían representar alrededor de 500 millones de pesos no cobrados cada día. Si llamamos a esta operación rutinaria como el "caso Nuevo Laredo", estamos en condiciones de pensar también en los casos de Matamoros, Reynosa, Piedras Negras, Juárez y Tijuana, con algunas variantes en Tampico, Veracruz y algunos puertos más.
Un total de operaciones que en conjunto podrían superar 500 mil millones de pesos anuales, que quizás el Congreso o alguna otra entidad con cierta autoridad moral (si es que esta existe) debiera investigar, aunque se piense que el problema no tiene ninguna importancia, en virtud de la enorme riqueza petrolera de que disponemos, y que permite al gobierno solventar sus gastos.
Hace unos cuantos días Vicente Fox afirmó que, a diferencia de sus antecesores, él no dejará una herencia de nuevas deudas a pagar para las siguientes generaciones. En su lugar, lo que dejará en cambio será el agotamiento dramático de recursos petroleros, como resultado de las prácticas abusivas instrumentadas por sus colaboradores.