Socava la Real ID la propia seguridad estadunidense: ONG
Organizaciones de México y Estados Unidos afirmaron que la aprobación de la Ley de Identidad Real (Real ID Act) -con la que se limita el derecho a obtener documentos de identidad como licencias de conducir, restringe las posibilidades de asilo y prevé la construcción de otra barda fronteriza para frenar a indocumentados- no sólo es una medida "cínica" que alienta el clima antimigrante, justificado por el gobierno del presidente George W. Bush en su lucha contra el terrorismo, sino que "en realidad socava la seguridad al legalizar que millones de personas permanezcan en el país sin que nada se sepa de su identidad".
Katerine Culliton, abogada de la Fundación Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación, afirmó que la estrategia utilizada para aprobar estas medidas "rompe con cualquier esquema legislativo conocido, pues nunca se habían aprobado medidas tan agresivas sin realizar un debate serio".
Agregó que la aplicación de la Real ID implicará que los funcionarios que otorgan las licencias de conducir estén obligados a realizar tareas como agentes de migración, "situación para la que no están capacitados, lo que puede generar acciones discriminatorias contra la población latina sin importar su situación".
Integrante del equipo legal de la oficina de esa fundación en Washington, Culliton aseguró que diversas organizaciones analizan qué acciones se emprenderán ante lo que consideró "medidas inconstitucionales, como la construcción de una barrera antimigrante que por primera vez depende sólo de la decisión de esta administración, y es inatacable por norma jurídica alguna, ya sea por violación a los derechos humanos, laborales e incluso ambientales".
Por ello, indicó que se impulsará la creación de un sistema de monitoreo en todas las oficinas públicas responsables de expedir licencias de conducir, para conocer cuáles son las anomalías que ocurren y si existe una "evidente discriminación a la población latina".
En entrevista por separado, Héctor Villagra, abogado de la misma fundación para la región de California, Arizona y Nuevo México, aseguró que es "preocupante" que estas medidas sean aprobadas como parte de un paquete que incluye el presupuesto destinado a los soldados desplegados en Irak y Afganistán, "lo que garantiza que no exista oposición alguna bajo el riesgo de ser considerado antipatriota".
Agregó que acciones tan "dañinas" no pueden ser aprobadas sin un debate que permita conocer sus efectos y los motivos para aplicarlas, especialmente en estados con mayor población latina. Indicó que asociar el terrorismo con la migración indocumentada ha llevado a que las "escasas conquistas del pasado estén bajo ataque y con grave riesgo de retroceso, ante el embate de los gobiernos federal y estatales".
Por su parte, Esmeralda Siu, integrante de la Coalición Pro Defensa del Migrante, afirmó que la aprobación de esta iniciativa es "una nueva señal" de que no existe voluntad política de ambos países para resolver el complejo fenómeno, lo que genera mayores costos sociales, humanos y económicos para los migrantes.
Laura Poy Solano