El impacto económico ascendería a $31 mil millones, estiman en San Lázaro

Afectaría proyectos comunitarios un fallo favorable al Ejecutivo sobre el presupuesto

El campo, la construccción de carreteras y el cuidado ambiental resentirían la acción

ENRIQUE MENDEZ

El impacto económico que se derivaría de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del Poder Ejecutivo en la controversia por el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005 ascendería a 31 mil millones de pesos, estimó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En un documento para analizar las implicaciones de que se apruebe en sus términos el proyecto de resolución enviado la semana pasada por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia a la Cámara y a Los Pinos, la comisión señala que los principales rubros afectados serían proyectos de comunidades, conservación de áreas naturales protegidas, programas para el campo, obra social y construcción de carreteras, entre otros.

Inclusive el gobierno federal podría disponer de 7 mil 250 millones de pesos en el rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), que se utiliza para cargar al ejercicio anual los pagos no efectuados por el gobierno federal en el ejercicio fiscal anterior.

A partir del proyecto de Ortiz Mayagoitia la comisión realizó un estudio particularizado de las partidas presupuestales impugnadas por el Ejecutivo, que fueron aprobadas por la mayoría de diputados en noviembre pasado.

De las disposiciones del PEF 2005 cuya validez reconoce el proyecto se encuentran el pago de Adefas por 7 mil 250 millones de pesos; el Fondo de Tierras para Desplazados Internos de Chiapas, 30 millones 400 mil; los fondos mixtos y sectoriales del Conacyt, por 800 millones, y la asignación de recursos excedentes al IMSS y al ISSSTE por mil 300 millones de pesos.

El documento de la comisión refiere que las disposiciones a las cuales la Corte pretende declarar su validez absoluta ascienden a 22 mil 680 millones de pesos.

Entre éstas se encuentra la anulación del presupuesto por 4 mil 811 millones 900 mil pesos para la construcción y conservación de carreteras y caminos; mil 192 millones para subsidios a obras y servicios en entidades federativas y subsidios; el recorte de 57 millones 500 mil pesos para conservación de áreas naturales protegidas en los pantanos de Centla, la Laguna de Términos, la Sierra Gorda, Calakmul, Montes Azules, los Tuxtlas, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca y el fondo patrimonial de Sian' Khan; la disminución de 500 millones para la construcción de instalaciones y compra de equipo para la Armada de México.

También resalta la eliminación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, al que la Cámara asignó mil 283 millones de pesos; el recorte de 4 mil 834 millones a universidades públicas estatales; la supresión de 5 mil 200 millones para la ejecución de obras hidráulicas en estados y municipios, así como la desaparición de 13 programas de desarrollo productivo en regiones marginadas, de combate a la pobreza, seguridad social para jornaleros agrícolas, apoyo al transporte de migrantes en extrema pobreza, ayuda a mujeres e hijos de migrantes, y diversos proyectos para trabajadores de la industria de la caña de azúcar.

En el tercer apartado de análisis la comisión incluyó las disposiciones afectadas de nulidad relativa, que ascienden a 8 mil 894 millones 188 mil 662 pesos, de los cuales siete mil 14 millones 100 mil corresponden al Programa Especial Concurrente, en el que se incluyen diversos apoyos a los productores del campo y a la comercialización, entre éstos cultivos no considerados en el Procampo, como cítricos, copra, frijol, leche y guayaba, así como a la ampliación del Programa IMSS-Solidaridad para la población indígena y no indígena en comunidades de extrema pobreza. La discusión de la controversia constitucional 109/2004 se iniciará la próxima semana en la Corte.