Provida tendrá que regresar el dinero Serrano Limón debe ser sancionado por peculado
Aleyda Aguirre Existen suficientes elementos proporcionados tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Secretaría de la Función Pública para iniciar proceso penal en contra del presidente de la organización Provida, Jorge Serrano Limón, por el delito de peculado. Así lo aseveró María Vallarta, de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., quien explicó en entrevista que el delito de peculado se persigue de oficio, aunque comentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sugirió que fuera la Secretaría de Salud (SS) la que levantara la demanda por ser la principal agraviada ante el mal uso que hizo Provida de los recursos públicos. Sin embargo, el Secretario de Salud, Julio Frenk, informó que la dependencia a su cargo sólo envió a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente del caso y que será un juez quien decida si el apoderado legal de Provida va a la cárcel. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal, comete el delito de peculado “cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. “Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”. Cabe recordar que ya existe una denuncia por peculado en contra de Serrano Limón y Rocío Gálvez, directiva de Provida, levantada por un grupo de perredistas el 21 de septiembre del año pasado. La historia comenzó durante la pasada legislatura, cuando el entonces presidente de la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, actual titular de Banobras, desvío de los recursos federales 30 millones de pesos para Provida. El pasado 18 de abril, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar por 15 años a Serrano Limón y le impuso una sanción de 13 millones de pesos –a pagar en un plazo de 45 días– al comprobar que hubo irregularidades en el uso de los 34 millones 533 mil 266 pesos que la SS le otorgó, a través del Patrimonio de la Beneficencia Pública, para programas de “atención a la mujer”. Información confusa La SFP señaló que la sanción de 13 millones de pesos que le aplicó a Serrano Limón representa la cantidad de dinero que no se comprobó debidamente; al respecto, Vallarta precisó que esa información “es confusa” porque “para empezar la Auditoría Superior de la Federación confirmó que el 90 por ciento de los recursos se utilizaron indebidamente y los 13 millones de pesos no representan ni el 40 por ciento. Se debe hablar de una multa que no es parte del dinero que tiene que devolver Provida”, comentó. Las organizaciones no gubernamentales que solicitaron se hiciera una auditoría a Provida, denunciaron el desvío de recursos y dieron seguimiento al caso, exigieron al Secretario de Salud “claridad y contundencia”, pues no se explican por qué la dependencia no efectúa la denuncia correspondiente en contra de Serrano Limón y sólo envió el expediente del caso a la PGR. Asimismo, le solicitaron audiencia para que les explique con exactitud ante qué tribunales mexicanos está solicitando que Provida restituya los recursos que “se le asignaron fraudulentamente”. Advirtió que Serrano Limón podría apelar o ampararse y no pagar los 13 millones de pesos y por otro lado, aunque la inhabilitación podría causarle “desprestigio” tal vez no le interese ejercer un cargo público y como la pena se le impondría a él, Provida podría seguir recibiendo recursos públicos. “Luis Pazos se está librando” Aunque las sanciones se han emitido solamente en contra del presidente de Provida, dijo Vallarta, el “principal artífice” del desvío de recursos del erario es el ex legislador Luis Pazos. El órgano de la Contraloría de la Cámara de Diputados “es quien tendría que realizar una investigación a fondo porque Pazos favoreció a la derecha”. No obstante, los diputados y diputadas de la actual legislatura, “están renuentes a denunciarlo, probablemente porque quieren seguir teniendo el privilegio de negociar en corto los recursos”. Han convertido el hecho, lamentó, “en un asunto partidista”. Una de las acciones concretas e inmediatas que tomarán las organizaciones, informó, es presentar una propuesta para modificar la Ley de Presupuesto “para que no vuelva a suceder esto, que no se pueda desde la cámara asignar recursos a organizaciones privadas”. Y aún hay más Vallarta recordó que a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también
le corresponde revisar, tal como lo recomendó la ASF, el asunto
de las facturas millonarias entregadas a Provida por parte de empresas
“creadas aparentemente ex profeso, porque al parecer la organización
conservadora era su única cliente”, mismas que declararon
no haber tenido ingresos, lo que es parte de las “pruebas de defraudación
fiscal”. |