Autonomía, argumento para evitar las auditorías
Tradicionalmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manejaba de forma discrecional los recursos que le "sobraban" al Poder Judicial de la Federación al término del ejercicio fiscal correspondiente. Estos ahorros se conocían como "economías", que servían para hacer pagos extraordinarios, reconocimientos o bonos.
Sin embargo, en 2003 la Secretaría de Hacienda ordenó al máximo tribunal que regresara a la hacienda pública el dinero que no ejerciera, lo que dio lugar a la creación de fideicomisos, los cuales por ley no pueden ser revisados a fondo ni en su totalidad.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante la gestión de Mariano Azuela Güitrón un "error" en uno de los fideicomisos auditados, el máximo tribunal tuvo que devolver más de 170 millones de pesos a la hacienda pública para evitar sanciones económicas o, incluso, alguna sanción administrativa a los funcionarios involucrados.
A consecuencia de esos hechos fue removido de su cargo recientemente el entonces oficial mayor, Pablo Torres Salmerón, cuyo nombramiento fue cuestionado en su momento por ser ingeniero de profesión y por no tener experiencia en la administración pública.
El problema, explicó un alto funcionario de la Corte, es que "el oficial mayor no hizo los trámites adecuados, la Auditoría detectó la irregularidad y se tuvieron que regresar los recursos ejercidos".
Sin embargo, la Auditoría no ha tenido el mismo éxito en la revisión de otros fideicomisos.
Al respecto, la ASF (La Jornada, 26/04/2005) reportó que durante 2003 la Suprema Corte transfirió 3 mil 272.7 millones de pesos a 11 fideicomisos que sustentan las altas prestaciones que reciben los 11 ministros por concepto de pago de servicios médicos para ellos, padres, esposas e hijos; mantenimiento de sus viviendas y la pensiones de los ministros jubilados, las cuales se incrementaron sustancialmente en 2004, gracias a un acuerdo de los ministros que les otorgaron una pensión equivalente a 80 por ciento del salario nominal de quienes están en activo, es decir, más de 140 mil pesos mensuales.
La ASF detectó que los recursos contenidos en dichos fideicomisos se destinan también al pago de consumo de agua, energía eléctrica y gas, recibo telefónico y para la creación de un fondo para la compra de casas nuevas de jueces y magistrados.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó que los fondos se transfieren a esos fideicomisos para evitar que el órgano superior de fiscalización los audite, pues los ministros se amparan en la autonomía del Poder Judicial para cerrar sus cuentas.
Funcionarios judiciales aceptaron que el manejo discrecional de los recursos no se limita a los fideicomisos, también tiene que ver con el no acatamiento de los ordenamientos federales en materia fiscal.
Por ejemplo, tan sólo en las recomendaciones de la cuenta pública 2000, que se publican en la página de Internet de la Corte, se admite que durante el ejercicio fiscal 2000 "la Suprema Corte no enteró 2 mil 223 millones de pesos correspondientes al impuesto sobre la renta del pago de pensiones".
Esto, en contravención del artículo 77, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La ASF determinó que "por esa omisión" la Corte tenía que cubrir la actualización y los recargos correspondientes. Aunque el documento agrega que "cabe señalar que esta situación se presentó también en los años anteriores a 2000".
Por otro lado, de acuerdo con el Programa Anual de Control y Auditoría 2004, del 16 de noviembre de 2003 al 31 de octubre de 2004 la Corte ha sido objeto de 35 auditorías, en las que se registraron 204 observaciones y 35 comentarios.
De éstas, 65 fueron solventadas y 139 no solventadas. Es decir, 68 por ciento de las observaciones contenidas en esas auditorías no se han corregido.
Jesús Aranda