Para los labriegos, un IMSS mini-mínimo
Vicente Fox facilitó que el tecnócrata Santiago Levy -apoyándose en el invariablemente interesado Genaro Borrego- deprima la oferta de guarderías, comprometa la calidad de la atención médica vía las unidades médicas de alta especialidad -con la vergonzosa complicidad de la Dirección de Prestaciones Médicas- y siga dando rienda suelta a sus obsesiones contra el régimen de jubilaciones y pensiones de los "privilegiados" trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la ayuda de Leonardo Rodríguez Alcaine, los senadores panistas y más de un priísta.
Los costos sociales que Ernesto Zedillo y el PRI desataron con su reforma de 1995 a la Ley del IMSS azotan a los trabajadores del campo y la ciudad, y hunden a esta noble institución.
Ahora, Santiago Levy, primer director exclusivamente "financiero" del IMSS, propinó un brutal golpe al 16 por ciento de los 4 millones 700 mil trabajadores del medio rural que sólo cuentan con su mano de obra para obtener un ingreso y que amparaba el instituto: los ha dejado a su suerte y casi sin protección social.
Todo empezó cuando, en octubre pasado, presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores un "plan de seguridad" que, sustituyendo el subsidio que les otorgaba el instituto desde junio de 1998, proponía eliminarles prestaciones: guarderías y apoyos monetarios para embarazadas, así como subrogar a los patrones los servicios médicos, además de descontarles 30 por ciento del salario para financiar su afiliación. Generoso segurito, ¿no?
¿Cuál fue el "argumento"? Valiéndose de su mensaje apocalíptico, Levy adujo que el IMSS no es solvente para mantener un subsidio que venció en junio de 2004. ¿Y por qué venció entonces? Por la fracasada reforma zedillista de 1995 que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio -al estar sujetos a una relación laboral- aunque la tecnocracia zedillista haya demorado tres años para hacerla efectiva, vía un decreto presidencial -con vigencia de seis años- y los dejara, finalmente, en el limbo más de seis meses.
¿En que consistía ese "plan"? Como sostuvo cínicamente Levy: "acotando" la cobertura, él planeaba cubrir retiro, invalidez y riesgos de trabajo a aquellos jornaleros con ocupación en por lo menos 27 semanas al año con un mismo patrón y reconociendo el pago de cuotas a partir de la estacionalidad agrícola.
La respuesta de los gobernadores fue el silencio. Lógico. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la participación del empleo agropecuario en la ocupación total está en su nivel histórico más bajo: entre 2000 y 2004 cayó de 18 a 16.5 por ciento.
Pero con la "concertación" entre el Consejo Nacional Agropecuario y algunos curiosos "expertos" de la Confederación Nacional Campesina, los diputados aprobaron el 9 de diciembre las adiciones a la Ley del IMSS para "ampliar la cobertura para los trabajadores del campo y sus familias". Y no faltó el siempre oportuno "comentario" del presidente de la Comisión de Seguridad Social, el perredista Miguel Alonso Raya, quién -espléndidamente "informado"- estimó que "no se busca desconocer la obligación pública de proporcionar servicios médicos que tiene encomendada" el instituto. ¿No?
Turnada al Senado, la minuta del "segurito" de Levy fue ríspidamente debatida y muy pronto puso en su justo lugar el "comentario" del perredista Raya. Una mayoría de senadores priístas estableció que las "bondades" del plan sólo servirían para avanzar en la protección de los intereses particulares a costa de los jornaleros. Hay, señalaron, "una enorme evasión en la responsabilidad de los empresarios agrícolas". Y preguntaron: "¿qué es lo que hace suponer que mediante estas reformas se cumplirá el que debiera ser nuestro objetivo: brindar servicios médicos y de guardería suficientes y con calidad?"
Y como resultaba imposible defender lo indefendible, 50 senadores priístas y perredistas (por supuesto, sin Demetrio Sodi) suspendieron la aprobación de la iniciativa de Levy, para "revisar con más cuidado sus alcances, que en poco ayudará a resolver la problemática del IMSS".
Finalmente, pasando por encima de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, el 12 de abril el Senado aprobó una "reforma" que -según el invariablemente interesado Genaro Borrego, quién pidió se la votara apoyado por el perredista Moreno Brizuela- "no resuelve los problemas de los jornaleros". ¡Una más!
Otro priísta, Jorge Abel Sánchez, todavía se atrevió a observar: "¿Los productores podrán construir clínicas y guarderías en el campo? Al IMSS sólo están afiliados 7 mil patrones y la Secretaría de Agricultura tiene contabilizados a 81 mil. El objetivo real es que aporten cuota sin que éste les proporcione el servicio médico a sus trabajadores".
Y desde la misma bancada priísta, otra voz remató: "desde hace cuatro años, el Congreso ha efectuado reformas a la Ley del Seguro Social, y en cada una se ha dicho que el cambio es indispensable para salvar al IMSS, pero con ese falaz argumento lo que han hecho es avanzar hacia su destrucción".
El electorado de 2006 sabrá cobrarle la factura a Vicente Fox y al peor "responsable" de la seguridad social del México contemporáneo.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco