"El recurso no debe usarse para dirimir diferencias"
Llama ministro de la Corte a no abusar de las controversias
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández se pronunció porque no se judicialice la política ni se politice la justicia, y llamó a los actores políticos a no "contaminar la impartición de justicia" ni abusar de recursos legales como las controversias constitucionales.
En su ensayo Controversias constitucionales y estabilidad política expone que "la falta de un entendimiento correcto de qué es la controversia constitucional puede producir el abuso de este derecho procesal, pues no todos los conflictos entre poderes son idóneos para ser resueltos por esta vía jurisdiccional".
Establece que "la controversia constitucional no es una instancia más para dirimir asuntos de naturaleza política, que deben ser resueltos mediante el diálogo democrático y el principio de la mayoría en la arena política", porque, añade, "como ha sucedido en otras partes del mundo, el abuso del proceso de controversia constitucional por los actores políticos puede contaminar la impartición de la justicia constitucional, y eso no es sano para la República. No debemos judicializar la política ni politizar la justicia".
En el texto referido, indicó que "la Constitución ha asignado ámbitos diferenciados de competencias al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo (y a los tribunales del Poder Judicial). Mientras las acciones del Congreso no se opongan a mandatos o prohibiciones constitucionales, el Congreso es libre por lo que respecta a su margen de configuración legislativa. El Poder Ejecutivo es también libre para tomar sus decisiones y llevarlas a la acción dentro del margen que la Constitución y las leyes del Congreso le permiten".
Y en tanto que "la Corte no es competente para juzgar la inteligencia y oportunidad de las medidas adoptadas por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, ni para determinar si dichos poderes se han decidido por la solución más adecuada y justa para un problema social específico".
Si bien se refiere ya al proceso electoral de 2006, Valls Hernández lo hace para establecer que "la Corte continuará siendo el custodio de la Constitución del pueblo, para que, pasadas las elecciones y ya definidos los colores de los nuevos gobiernos, las controversias que en su caso se presenten entre poderes ten- gan una vía imparcial de resolución, utilizando como criterio de control a la Constitución".
Y concluye que "la Constitución no es ni de derecha ni de izquierda ni de centro, pues permite políticas públicas de una u otra corriente, siempre y cuando respeten los límites marcados por los derechos de las personas y las normas constitucionales de competencia y procedimiento".