El fundador de los Legionarios de Cristo sólo podrá ser juzgado por "absolución de cómplice"

Documenta fiscal del Vaticano 30 casos de abuso sexual cometidos por Maciel

Víctimas del religioso cercano a Juan Pablo II temen que muera antes de ser condenado

ALMA E. MUÑOZ

El 3 de abril pasado llegó a México el sacerdote maltés Charles J. Scicluna, fiscal que fue nombrado por Joseph Ratzinger, cuando aún era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, para entrevistarse con algunas víctimas de Marcial Maciel, con lo cual el Vaticano reabrió formalmente el caso contra el fundador de los Legionarios de Cristo, bajo el cargo de absolución de cómplice, toda vez que el correspondiente al abuso sexual contra menores ya prescribió, según el Código de Derecho Canónico.

Tras 13 días de estancia en la ciudad de México, el investigador regresó a Roma con 30 declaraciones de víctimas -cuando inicialmente la congregación que representa tenía conocimiento de ocho ataques cometidos contra estudiantes entre 1943 y principios de los 60- y está por recibir una más, por escrito, de Juan José González, ex sacerdote legionario que fue rector del Instituto Cumbres de México y quien no pudo acudir a las audiencias privadas que se desarrollaron en una casa de monjas de la colonia San Pedro de Los Pinos, en la capital del país. No se notificó del desarrollo de las acciones a los Legionarios de Cristo, la nunciatura apostólica ni la curia metropolitana.

Los encuentros entre las víctimas y el fiscal -realizados a partir del 4 de abril- fueron autentificados por el notario del Vaticano, el padre Pedro Miguel Funes Díaz, quien protocolizó las denuncias con su firma y la del fiscal Scicluna, además de depositar el sello del Vaticano.

Cada uno de los denunciantes de Maciel realizó un juramento ante el enviado de Ratzinger, hoy Benedicto XVI, que quedó formalizado con un beso a la imagen de un Cristo ubicado en el báculo que portaba el representante del Vaticano. Después uno por uno, durante aproximadamente 150 minutos, expusieron sus casos.

Luego de que la representante legal de los denunciantes, Marta Wegan, fue notificada el 2 de diciembre pasado de que la Congregación de la Fe reabriría el caso contra Maciel, José Barba y Arturo Jurado Guzmán, coordinaron el encuentro con el fiscal.

A la casa de las monjas llegaron ex alumnos del líder de los Legionarios de Cristo que en el pasado no se habían atrevido a hablar. Entre ellos Carlos de la Isla, Salvador Andrade y Francisco González Parga, el cual reconoció, según recordaron algunos de los presentes en el encuentro, que después de haber sido objeto de abuso por Maciel se empezó a drogar y sus superiores, pese a darse cuenta, no dijeron ni hicieron nada.

Uno de los denunciantes, José Antonio Pérez Olvera, manifestó en entrevista que al comenzar a recordar lo que vivió al lado de Marcial "no sé qué me ocurrió y me solté a llorar, lo que extrañó al notario, quien me ofreció un vaso de agua y le contesté que no, porque le iba a echar más agua al agua".

A su testimonio siguió el del ex sacerdote Alberto Athié Gallo, quien se encargó de narrar a Charles Scicluna la confesión que le hizo en 1995 Juan Manuel Fernández Amenábar, respecto al abuso sexual de que fue objeto por el ex superior de los Legionarios de Cristo.

Athié Gallo recordó que el promotor de la justicia del Vaticano "vino a cumplir un edicto del cardenal Ratzinger, para abrir formalmente la investigación que podría derivar en un juicio para Maciel".

Según el procedimiento, el fiscal religioso realiza varias entrevistas a los implicados, hace una lectura de sus investigaciones, presenta una propuesta, se elabora una relatoría y entonces se promueve el juicio.

De acuerdo con lo que establece el Código de Derecho Canónico, el delito por abuso sexual prescribe a los 10 años de que se comete. Por esa razón, el principio que seguirá la Congregación de la Doctrina de la Fe para fundamentar las acusaciones contra Maciel tomará como base la denuncia que presentó en 1998 el sacerdote Antonio Roqueñí, en la cual demanda al legionario de Cristo por absolución de cómplice. Es decir, se le acusa de haber atacado sexualmente a sus víctimas, confesarlas, perdonarlas y mandarlas a comulgar.

Athié Gallo reconoció, también en entrevista, que no obstante la posibilidad que se abre, se corre el riesgo de que Marcial Maciel, de 85 años de edad, fallezca antes de que se le condene, con lo cual se cerraría el caso. Sin embargo, aceptó que la reapertura de las pesquisas "es un gesto de la Iglesia católica por reconocer que es necesario aplicar justicia".

El fiscal Scicluna dijo por separado Alejandro Espino, otro de los denunciantes -"me dio a entender, cuando nos entrevistamos, que no quería ser influenciado por nadie para manejar el caso y por eso no avisó de su visita a México", sobre todo porque "estaba seguro que algún día cercano tendría que concluir esto en una condena".

La primera queja formal contra Maciel la presentaron ante el Vaticano, en 1998, otros ex legionarios encabezados por José Barba y Arturo Jurado, planteando que habían sido víctimas de abuso cuando tenían entre 10 y 16 años de edad, pero la investigación fue cancelada por la relación que el acusado mantenía con Juan Pablo II.

A principios de 2004, Ratzinger dispuso que se reabrieran las investigaciones, apenas unos días después de que el polaco elogió en público a su amigo, tras el retiro de éste como director general de su congregación religiosa.

El 23 de abril, el portavoz de los Legionarios de Cristo en México, Octavio Acevedo, emitió un comunicado a la opinión pública en el cual defiende la inocencia de su líder moral y afirma que pese a las acusaciones "no guarda ningún rencor contra quienes las realizan. Antes bien, los encomendamos sentidamente en nuestras oraciones, y reiteramos nuestra dedicación total al servicio de la Iglesia, del Santo Padre (Benedicto XVI) y de todos los hombres".

Aparte de Barba, Jurado, Alejando Espinosa -por cierto pariente de su abusador, por parte de su padre Rafael Espinosa Maciel- y José Antonio Pérez Olvera se entrevistaron con el fiscal, Saúl Barrales, Juan José Vaca, Paul O'Connor Lennon, Federico González Parga y Federico Domínguez, el primero que denunció a Maciel en 1956, aunque entonces congelaron el caso e inclusive su expediente desapareció del Vaticano.