Es prerrogativa del Ejecutivo: conclusión de un magistrado
Corte: diputados, sin facultad para decidir los apoyos a universidades
La Cámara de Diputados no puede determinar a discreción los montos y las universidades a las que puede otorgarse el subsidio, por encima de las facultades de planeación y de programación del Ejecutivo federal, sostiene el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando I. Ortiz Mayagoitia, en la argumentación de su propuesta de invalidez absoluta del presupuesto otorgado en diciembre pasado a 13 universidades estatales por la Cámara de Diputados.
Además, argumenta que en términos del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar los subsidios correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos por los artículos 49 y 50 del propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, "lo cual evidencia la necesaria participación de las dependencias de la administración pública federal en las políticas y objetivos del Programa Nacional de Educación".
En la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados como respuesta, a su vez, de la controversia presentada por el Ejecutivo federal ante la SCJN, los legisladores sostienen que el argumento de invalidez "es incompleto", y agregan que la impugnación del Ejecutivo federal "es absurda", porque no existe norma alguna en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que prohíba tal asignación, sino al contrario, ya que se establece expresamente como una obligación de la Federación y no exclusiva del Ejecutivo federal, "tal como se advierte en los artículos 11 y 12, fracción IV, y el capítulo III de la citada ley".
El órgano legislativo también adujo que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 planteó la disminución de recursos a la educación superior y a la ciencia y la tecnología respecto del presupuesto de 2004, tendencia que no es compartida porque para las instituciones de educación superior estatales, universidades públicas estatales, así como para las instituciones del sector coordinado, se consideró necesario resarcir las disminuciones en las asignaciones efectuadas en 2004 y propuestas para 2005.
Tales asignaciones específicas para 13 universidades públicas estatales, señala la Cámara de Diputados, no implican ejercicio de facultades y atribuciones que correspondan al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que queda de manifiesto en el artículo 41 transitorio del decreto expedido por la Cámara de Diputados, que dispone que la evaluación de la aplicación de los recursos correspondientes del modelo de asignación adicional se realizará de manera conjunta por la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.