Por ello no se ha firmado el acuerdo para su aplicación en el DF, considera

Carece de lineamientos de operación el Seguro Popular, afirma especialista

El gobierno federal pretende utilizarlo en la ciudad con fines electorales: Gustavo Leal

BERTHA TERESA RAMIREZ

Para Gustavo Leal Fernández, estudioso del Sistema Nacional de Salud e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el verdadero motivo de que no se haya firmado un acuerdo entre los gobiernos federal y local para implantar el Seguro Popular en el DF es que el programa impulsado por el secretario de Salud, Julio Frenk, no ha pasado "la prueba del ácido", pues las autoridades federales no han podido entregar a la administración capitalina la documentación sobre los lineamientos de operación del seguro.

El especialista indicó que tampoco se ha entregado la información respecto de cómo opera el fideicomiso de gastos catastróficos que ofrece el programa, y agregó que aunque "esta documentación no existe porque el Seguro Popular es un fraude, hay 31 entidades federativas que ya lo firmaron".

Tras cuestionar que los 31 estados hayan suscrito el convenio sin conocer los lineamientos de operación de ese seguro, y que además el encargado del programa esté considerando que esas entidades van a aportar 3 mil 500 millones de pesos, Leal Fernández cuestionó "cómo le van a hacer" entidades como Oaxaca o Chiapas para obtener esos recursos y "dar satisfacción" al presidente Vicente Fox.

Por otra parte, consideró que en la intención de imponer el Seguro Popular en el Distrito Federal existen intereses electorales; de acuerdo con el estudioso, imponer ese programa en la ciudad de México tendría el propósito de ofertarlo a la sociedad capitalina con la intención de aprovechar que se trata de una población con alto nivel de politización.

Para Leal Fernández lo anterior estaría justamente detrás del desenlace electoral de 2006, "donde, como sabemos, Marta Sahagún, aunque renunció abiertamente a sus intenciones políticas, nada garantiza que eventualmente no va a retomar ese camino y decida competir como candidata al Senado de la República o a la jefatura de Gobierno". Resaltó el hecho de que en la ciudad de México se encuentra más de 70 por ciento de la capacidad instalada de la atención médica, y de acuerdo a la forma como fue concebido el Seguro Popular, lo que se busca es la privatización del sistema de salud.

El especialista dijo que así lo establece el artículo 16 del reglamento de dicho seguro, que señala que los estados podrán recurrir a establecimientos del Sistema Nacional de Salud públicos o privados para atender a sus afiliados; "ahí es donde está el problema, pues si el DF concentra 70 por ciento de la oferta es el lugar indicado para que al aprobarse, el Seguro Popular cumpliera con lo que Pablo Escandón Cusi (integrante del Consejo Promotor de Competitividad y Salud de la Fundación Mexicana para la Salud) reclama, "pues el gran problema con los afiliados al seguro, dice Escandón Cusi, es el estado de la infraestructura pública; entonces, hay que recurrir a la medicina y a los médicos privados, y a los medicamentos".

Leal Fernández dijo que se observa no sólo un desaseo sino una mala intención de tratar de obligar al lugar de la República donde está la más alta concentración hospitalaria, pública y privada, que camina directamente a la privatización; "es decir, que se emplee el dinero público presupuestado para el Seguro Popular -8 mil 600 millones de pesos-, para que ese dinero empodere al asegurado y entonces recurra a la oferta privada".

Entonces, "tendríamos que los afiliados al Seguro Popular estarían siendo atendidos en el hospital ABC, en el Angeles del Pedregal, en el Hospital Metropolitano, o en infinidad de pequeños establecimientos que tenemos alrededor de la ciudad".