Ratifica el Senado una reforma que el presidente Mesa pretendía "suavizar"
Trasnacionales deberán adecuar sus contratos a la nueva ley petrolera en Bolivia
La medida ahuyentará a inversionistas, dice el mandatario; llama la COB a movilizaciones
La Paz, 28 de abril. El Senado boliviano ratificó un polémico artículo que prevé la adecuación obligatoria de los contratos petroleros a la nueva ley de hidrocarburos, con lo que rechazó un pedido del presidente Carlos Mesa que buscaba "suavizar" esa posición.
De hecho, la nueva ley petrolera de corte estatista estaba a punto de recibir la aprobación de los senadores, y no se descartaba que desate un conflicto entre el Congreso y el presidente Mesa, opuesto a algunas cláusulas importantes y que por tanto podría vetarla.
Mesa advirtió en reiteradas ocasiones que una ley petrolera estatista, que obligue a las empresas trasnacionales a modificar su estatus en Bolivia, ahuyentará a los inversionistas y llevará a juicios internacionales por más de 5 mil millones de dólares de indemnización.
Fuentes legislativas desestimaron esa amenaza, al señalar que las empresas no están en mejor posición, ya que sus propios contratos están en cuestionamiento porque nunca recibieron la autorización del Congreso en su momento.
En medio de preparativos de movilización de sindicatos y sectores campesinos para la próxima semana en reclamo de una "verdadera" nacionalización de los hidrocarburos, el paso fronterizo entre Bolivia y Argentina fue despejado luego de que los lugareños de Gran Chaco vieron satisfecha su demanda de beneficios de la ley petrolera.
La Central Obrera Boliviana (COB) exige que el Congreso desista de tratar la ley de hidrocarburos, al considerar que "sólo apunta a legalizar los contratos ilegales de las petroleras", vigentes desde 1997 y que un alto tribunal dictaminó recientemente como inconstitucionales por no haber sido refrendados por el Legislativo.
El indígena Consejo de Naciones advirtió que se pondría en "pie de guerra" si la Cámara de Senadores, que discute el proyecto de ley petrolera, desestima el carácter vinculante del derecho de veto indígena en eventuales explotaciones por parte de sectores privados.
Tras una maratónica jornada, los 27 senadores avalaron 100 de los 142 artículos contemplados en el proyecto petrolero, considerado por algunos sectores sociales de "corte nacionalista" tras haber sido remitido al Senado por los diputados.
Entre esos sectores el dirigente comunal, Vicente Flores, es uno de los que sostienen que la iniciativa debería ser aprobada por el Senado tal y como la envió la Cámara baja. Dijo que los senadores quieren hacerle algunos cambios, pero que ellos no lo van a permitir.
El Senado aprobó además, por mayoría, que los 76 acuerdos de riesgo compartido migren obligatoriamente a nuevas modalidades previstas en la ley, en una decisión contraria al proyecto del presidente Mesa y que ha sido cuestionada por las petroleras.
El gobierno pedía, en consultas con los senadores, retirar el término "obligatorio" y ampliar el paso para la adecuación de los contratos de 120 a 180 días. Pero los legisladores accedieron ampliar el plazo para la migración y rehusaron eliminar la obligatoriedad.
"Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es darles un argumento más a las empresas para que puedan decir que obligatorio significa romper el principio de retroactividad y el principio de que el contrato entre dos partes es ley", explicó el senador Franz Barrios, afín al gobierno de Mesa.
Los habitantes de Yacuiba, capital de Gran Chaco en la región de Tarija, despejaron el bloqueo carretero que durante tres días mantuvieron en el cruce hacia Argentina, tras conocer que los senadores modificaron un artículo contenido en el proyecto de ley de hidrocarburos, mediante el cual se asigna la sede de la vicepresidencia de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a su municipio.
En contraste, otros sectores obreros, campesinos y vecinales anunciaron que están preparando una nueva ola de protestas a partir del domingo, cuando se celebra el día del trabajo, a la espera de la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de hidrocarburos.