Ratzinger vs. el mundo
Así como la marcha del silencio expresó la distancia del pueblo frente a la irresponsabilidad del Ejecutivo federal, así como el rechazo a las fracciones partidistas de derecha (PRI y PAN), tengo la impresión de que la división que muestra la Iglesia católica de México tras el desafuero de Andrés Manuel López Obrador se relaciona con el distanciamiento de feligreses, laicos y ministros católicos de su propia jerarquía eclesial, hoy aliada a gobiernos conservadores, la cual está en peligro de polarización dado el perfil ideológico del heredero del trono del Vaticano: Joseph Ratzinger.
La condena de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) es un posicionamiento ante diversos actores: un Presidente que festejó con alborozo la designación de Benedicto XVI mientras consolidaba el desafuero; una primera dama que durante su visita oficial a Roma quedó impactada de la misericordia papal; un secretario de Gobernación que movilizó a la Conferencia del Episcopado Mexicano para que se deslindara de las opiniones de la CEPS, y dos fracciones partidistas que han sido la comparsa de estos actos.
Y es que desde 1981 Ratzinger ha sido el artífice de las notas doctrinales más represivas y misóginas del área inquisidora del Vaticano, hoy llamada Congregación para la Doctrina de la Fe: "El actual laicismo, que pretende excluir a Dios de la sociedad, es autodestructivo", sentenció en amplia entrevista que concedió a La República. Antes de su designación, publicó en noviembre de 2002 una interesante nota doctrinal: Sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, que buscaba influir en los marcos jurídicos de los estados democráticos. En ella obliga a los legisladores a formular leyes que no prescindan de los principios de la ética natural: "quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes y a ninguno le está permitido apoyarlas con el propio voto (...) Del mismo modo hay que insistir en el deber de respetar y proteger el derecho del embrión humano. Análogamente debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable..."
En Carta de 2004 a los obispos, el nuevo Pontífice se atrevió a afirmar que merecen más misericordia quienes aprueban la pena capital o la guerra que quienes apoyan el aborto o la eutanasia: "No todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepa del Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión de hacer la guerra, éste no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para enfrentar a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto a ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, en cambio, respecto del aborto y la eutanasia".
En México hemos sido testigos de la obediencia a los preceptos vaticanos que prestan legisladores federales y locales, no sólo panistas, aunque esa fracción se adscribe en sus principios normativos a las regulaciones católicas, pese a lo cual, por fortuna, se sumaron a los demás partidos para abolir la pena capital. Sin embargo, no ha sido posible despenalizar el aborto por libre decisión de la mujer, como existe en los países industrializados, y fue muy difícil cambiar el marco jurídico para abrir el actual acceso a servicios de aborto legal en el Distrito Federal. ¿Cuántas líneas del pontificado católico han sido barreras que impiden avanzar en los derechos sexuales de mujeres, de jóvenes y menores de edad, de personas con preferencias sexuales no heterosexuales? ¿Qué tanto han influido en los retrocesos de recientes iniciativas como en la ley de sociedades de convivencia, en las leyes de protección tutelar y en las de violencia intrafamiliar? Por eso mismo la gente se ha venido separando del yugo inquisidor; en la medida que se cierra "la Iglesia de los hombres jerarcas", las sociedades se han secularizado y abierto brecha entre la esfera religiosa y sus prácticas cotidianas.
Son elocuentes estos datos: en el mundo se realizan 44 millones de abortos al año; en América Latina, con 88 por ciento de población católica, se calculan alrededor de 4 millones anuales. De 50 a 70 por ciento de las mujeres católicas utilizan los anticonceptivos que les prohíben desde el púlpito, los divorcios van en aumento en todos los continentes, las nuevas generaciones tienen actividad sexual antes de casarse y están incorporando el uso del condón, mientras entre 7 y 10 por ciento de las parejas del mundo optan por una de su propio sexo.
Con el nombramiento de Ratzinger al frente del catolicismo, la Iglesia apostó a fortalecer la imagen poderosa que le da identidad institucional en vez de acercarse a la gente. Vamos a ver si no resulta contraproducente, como escribió Kafka: "en la lucha que sostenéis el mundo y tú, secundo al mundo".