Opinión de abogados
Será difícil que la iniciativa de Fox beneficie a AMLO
Abogados consideraron que la iniciativa del presidente Vicente Fox de modificar el artículo 28 de la Carta Magna, para que ciudadanos sujetos a proceso penal no pierdan sus prerrogativas políticas, difícilmente podrá aplicarse al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) decida por segunda ocasión ejercer acción penal en su contra, debido a que se trata de una reforma constitucional y requiere la aprobación del Congreso de la Unión y de todas las legislaturas estatales, trámite que por lo menos se llevaría seis meses.
Además, los juristas indicaron que la decisión foxista de dar salida política al enfrentamiento con López Obrador -acusado de violar una suspensión de amparo- les corroboró la idea de que mientras el Ministerio Público continúe dependiendo de los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, seguirán las "persecuciones contra los adversarios políticos", ya que tal como están las cosas, el monopolio de la acción penal depende de quien encabeza un gobierno.
Entrevistados por separado, los penalistas Alberto Bazbaz, Julio Hernández Pliego y Alonso Aguilar Zinser, así como el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, calificaron de positiva la iniciativa foxista, ya que de aprobarse se acogería en México el principio de presunción de inocencia.
La única "salida jurídica" al caso El Encino, opinaron Hernández Pliego y Miranda, es que el próximo titular de la PGR se desista en definitiva del ejercicio de la acción penal contra López Obrador.
Bazbaz refirió que la postura de la Presidencia de la República respecto al caso López Obrador demostró que la PGR está "al servicio del señor Presidente, para lo que éste quiera".
El único que no coincidió con el argumento de que la PGR dejará de ser "instrumento político" hasta que se independice del Poder Ejecutivo fue Aguilar Zinser, quien inclusive expuso que si eso ocurre sería peligroso para el sistema penal mexicano.
"Hay un clamor para que el Ministerio Público sea independiente, pero no debemos olvidar que como consecuencia de esa reforma, se le otorgaría a una sola persona, titular de la fiscalía general, el monopolio de la acción penal, y eso también traería riesgos graves", advirtió.
Hernández Pliego, profesor de derecho procesal penal, refirió que el principio de presunción de inocencia es básico para que no se sancione a priori a un inculpado, ya que aun cuando alguien esté sujeto a proceso penal, eso no significa que sea culpable. "Puede ser una persona a la que se le fabricó un delito o tal vez un perseguido político", puntualizó.
Precisó que mientras no tenga independencia el Ministerio Público, "van a seguir pasando cosas como la persecución contra López Obrador, o por lo menos va a estar la mesa puesta para que cualquier gobernador o presidente de la República maneje como una herramienta especial a su procurador, como ocurrió".