Editorial

Las voces de la conjura

Muchos protagonistas políticos priístas y panistas que durante meses respaldaron y aprobaron el proceder de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación en la campaña de acoso político, propagandístico y jurídico contra el gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, hoy "descubren" lo que muchos sectores advirtieron desde hace mucho tiempo: que la acusación contra éste era una fabricación, que el propósito real de las acciones del gobierno federal era eliminar a López Obrador de la elección presidencial del año entrante y que se estaba efectuando un manejo político y judicial desaseado, faccioso y contrario al espíritu republicano.

Los panistas que ahora descubren la torpeza política de Santiago Creel y exigen o proponen su salida de Gobernación (Felipe Calderón Hinojosa, Francisco Barrio, Juan Molinar Horcasitas, Beatriz Zavala Peniche, Miguel Angel Toscano) son los mismos que hasta hace unos días exigían que no se "negociara la ley", eufemismo para apoyar el desafuero y el proceso penal ­cabe insistir, por un delito inexistente­ contra el gobernante capitalino y que, de esa forma, aprobaban la forma ­pésima, sin duda­ en que Creel manejó el asunto. Es claro que quienes ahora piden la cabeza del secretario de Gobernación han decidido aprovechar la coyuntura presente para ajustar cuentas dentro de Acción Nacional e impulsar candidaturas presidenciales distintas a la del funcionario referido. En su momento, quienes de entre ellos ocupan diputaciones federales votaron por el desafuero de López Obrador, sin reparar en que la canallada en la que participaron era parte de la estrategia aplicada por el propio Creel.

Por su parte, en respuesta al apaciguador mensaje presidencial de anoche y a la salida de Rafael Macedo de la Concha de la PGR, Roberto Madrazo y Emilio Chuayffet dieron rienda suelta a una indignación cercana al berrinche que revela, por contraposición, la participación de ambos en el complot contra el jefe de Gobierno capitalino, así como el entusiasmo con que la cúpula salinista del PRI esperaba el aniquilamiento judicial de López Obrador y también, acaso, la desestabilización política que se habría generado. Madrazo, quien llegó a la gubernatura de Tabasco con el impulso de Salinas y en medio de uno de los procesos electorales más desaseados de que se tenga memoria en el país ­lo que no es decir poco­ se presenta ahora como defensor de la pulcritud en los comicios del año entrante. A lo largo de la conjura contra su coterráneo, el dirigente nacional del tricolor se manifestaba, en público, en contra de la eliminación de López Obrador de las boletas en 2006, mientras que en lo oscuro amarraba los votos de la fracción priísta en la Cámara de Diputados para aprobar el desafuero. La rabia de Madrazo y su virulento ataque al presidente Vicente Fox no sólo sugiere que se siente traicionado y contrariado por el fracaso de un complot del que fue parte principalísima, sino también la contrariedad por el hecho de que, a fin de cuentas, López Obrador tiene el camino abierto para derrotarlo en las urnas en 2006. Es explicable, con este dato en mente, que ahora el presidente del CEN del PRI exija la reactivación de la conjura y la "aplicación de la ley" para sacar del camino a López Obrador.

En cuanto a Emilio Chuayffet, operador legislativo de la conspiración contra el gobernante capitalino, quien carga en su historial con algo mucho más grave que un fraude electoral ­a Chuayffet le corresponde nada menos que una responsabilidad ineludible por la matanza de Acteal, Chiapas, perpetrada cuando él era secretario de Gobernación­, no deja de sorprender que ahora demande, con una indignación comparable a la de Madrazo, la aplicación de "sanciones" contra quienes fabricaron el expediente acusatorio de López Obrador y se queje de que tal acusación era insostenible. A lo que puede verse, el coordinador de la bancada priísta en San Lázaro jamás leyó el expediente que aprobó con su voto, y que nunca se enteró de las críticas públicas, tan lúcidas como demoledoras, que dicho documento recibió por parte de destacados expertos en derecho.

Puestos en vergonzosa evidencia, los conjurados intentan ahora cercar al titular del Ejecutivo federal. La estridencia de sus críticas al mensaje presidencial del miércoles, que fue un primer paso hacia la restitución de la cordura, el sentido democrático, la rectitud de las instituciones y la armonía política del país, obliga a preguntarse qué beneficios esperaban obtener de la desestabilización y la confrontación que ya estaban gestándose y que habrían causado un perjuicio inconmensurable a los mexicanos.

Por ello, es obligado afirmar con todas sus letras que la noche del 27 de abril Vicente Fox asumió, por tercera ocasión en lo que va de su mandato (hay que recordar la cancelación del proyecto de aeropuerto en San Salvador Atenco y la oposición a la guerra estadunidense contra Irak) talla de verdadero estadista: en el momento en que el mandatario decidió desmarcarse de la conspiración fraguada en su entorno inmediato y garantizar los derechos políticos de López Obrador y sus seguidores, y deponer el hostigamiento oficial en su contra, actuó en función de los intereses del país. Hay algunos que no se lo perdonan.