La acción penal-política contra AMLO pesó para su salida
El caso El Encino menguó la credibilidad de Macedo
Llegó al cargo con el objetivo central de combatir al narco
Rafael Macedo de la Concha inició su gestión al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), en diciembre de 2000, con la expectativa de ser el primer procurador de origen militar y con el objetivo central del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada; sin embargo, al final de su gestión lo que más pesó para su salida fue la acción "penal-política" en contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por un presunto desacato judicial.
La gota que derramó el vaso fue la decisión del juez 12 de distrito en materia penal, Juan José Olvera López, de negar el pasado viernes una orden de comparecencia que la PGR solicitó en contra de López Obrador.
Además del desaseo en la integración de la averiguación por el caso El Encino, quedó de manifiesto la colusión del Ministerio Público Federal con dos asambleístas del Partido Acción Nacional, para que éstos pagaran una fianza de 2 mil pesos.
Después de que el propietario del predio El Encino denunció un supuesto desacato a una suspensión de amparo y que la PGR se había mantenido al margen, a finales de 2003 el Ministerio Público Federal, con el pretexto de cumplir un ordenamiento judicial, aceleró la integración de una averiguación previa en la que se imputa directamente a López Obrador como presunto responsable de ese acto ilícito.
Confrontación con repercusiones internacionales
Esto llevó a una confrontación entre poderes de la Unión -e incluso a nivel internacional con Cuba-, además dividió a diversos sectores respecto al uso político de la PGR para tratar de invalidar la precandidatura presidencial del mandatario capitalino.
Como consecuencia del desafuero acordado por priístas y panistas, se recurrió a controversias constitucionales ante la Suprema Corte; salieron el pasado domingo más de un millón de personas a protestar "por el golpe a la democracia", y el presidente cubano, Fidel Castro, le sugirió a Fox renunciar al cargo como única salida al conflicto generado por el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al asumir el cargo de procurador, Macedo llegó sin el apoyo pleno de sus correligionarios, por haber consignado penalmente, como procurador militar, a los generales de división Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Esta acción produjo una fractura al interior del Ejército, que no ha sellado aún.
Su bandera de lucha contra el narcotráfico se opacó -pese a las detenciones de importantes capos como Osiel Cárdenas Guillén, Benjamín Arellano Félix, Gilberto García Mena, entre otros- con la serie de reveses judiciales en contra de la PGR, que dejaron en evidencia la mala integración de los expedientes por parte del Ministerio Público Federal.
Entre los reveses más sonados destaca el caso de Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República, al que se intentó involucrar como presunto espía de narcotraficantes, lo que habría puesto en riesgo la seguridad del propio jefe del Ejecutivo. Sin embargo, después de 53 días de arraigo y de permanecer una semana en el penal de máxima seguridad de La Palma, un juez federal absolvió al ex funcionario porque el Ministerio Público Federal no demostró su culpabilidad.
Otro asunto por el que Macedo recibió duras críticas fue el del empresario argentino Carlos Ahumada. El ahora ex procurador fue acusado de formar parte del "complot" en contra de López Obrador en razón de que el delegado de la PGR en la ciudad de México, Rolando López Villaseñor, participó en una reunión con el propio Ahumada, el senador Diego Fernández de Cevallos, abogados del ex presidente Carlos Salinas y un agente del Cisen, en la que presuntamente se fraguó la estrategia para desacreditar al jefe de Gobierno con la filtración de videos en los que aparecían perredistas recibiendo dinero del empresario.
Aun cuando otra de las banderas del gobierno federal fue el combate a la corrupción, el escándalo del Pemexgate ha quedado impune. Después de un largo litigio para extraditar al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Rogelio Montemayor Seguy -uno de los principales involucrados en la transferencia de recursos del sindicato petrolero a la campaña presidencial priísta en 2000-, la PGR está a punto de perder el caso, luego de que en marzo pasado Montemayor obtuvo un amparo que impide al Ministerio Público Federal ejercitar acción penal en su contra por el delito de peculado electoral, que sería el único que podría haberlo llevado a prisión.
De los más de 10 ex funcionarios y miembros del PRI involucrados, ninguno se encuentra en la cárcel y la mayoría han ganado en tribunales la posibilidad de enfrentar en libertad sus procesos.
También fue duramente cuestionada su imparcialidad e independencia cuando la PGR determinó que no había elementos para actuar penalmente en el caso Amigos de Fox, pese a que hubo denuncias concretas por el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial del panista.
Su gestión se caracterizó por el acoso hacia la labor periodística, el cual llegó al grado de citar a diversos reporteros -entre ellos seis de La Jornada- para que revelaran sus fuentes de información, con el pretexto de que habían dado a conocer informes confidenciales contenidos en averiguaciones previas. Tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para frenar la campaña y para que se respetaran la libertad de expresión y el derecho de los comunicadores a reservar sus fuentes.
Con su credibilidad menguada por el manejo de los videoescándalos, Macedo inició una persecución en contra del jefe de Gobierno. El pretexto fue la admisión de una denuncia presentada por Ahumada en contra de funcionarios capitalinos que presuntamente lo extorsionaron para que sus constructoras no perdieran contratos con el gobierno de López Obrador. Como la respuesta del jefe de Gobierno fue evidenciar un complot en su contra, la PGR inició averiguaciones previas en contra del funcionario.