Cerrar la frontera: ¿nosotros?
Las comisiones de Población y Desarrollo y la de Estudios Legis-lativos de la Cámara de Senadores aprobaron recientemente una iniciativa que modifica la Ley General de Población autorizando a la Secre-taría de Gobernación a vigilar y eventualmente cerrar zonas de la frontera mexicana con Estados Unidos por donde cruzan, arriesgando sus vidas, emigrantes mexicanos indocumentados. La propuesta, de ser aprobada, sin duda despertará gran polémica. He aquí algunas de las razones.
En primer lugar debemos entender que la Ley General de Población redactada y aprobada hace más de 30 años está ampliamente rebasada por la realidad actual. Aunque usted no lo crea, incluye artículos que establecen que los emigrantes mexicanos tienen que salir del país por los puertos autorizados y portando la documentación que les autorice la entrada en el país de destino.
En síntesis, nuestros emigrantes mexicanos indocumentados violan esos artículos y en consecuencia dicha ley, ya que no cruzan a Estados Unidos por los puertos autorizados y, por supuesto, no tienen documentos que les permitan entrar a ese país. Precisamente por eso recurren a los polleros y arriesgan sus vidas. Por eso es urgente hacer una revisión a fondo de esta ley y no solamente modificaciones y adiciones que no la cambian de manera esencial. Hacer pequeñas modificaciones propiciará con el paso del tiempo una ley amorfa en la que será difícil distinguir los principios que la rigen o la realidad que pretende ordenar. Bien haría el Congreso mexicano revisando a fondo este instrumento.
Por otra parte, seguramente surgirán voces reclamando que esta iniciativa "le hace el trabajo sucio" al gobierno de Estados Unidos y sin duda ésta puede ser una de las interpretaciones; sin embargo, a quienes sustentan esta tesis los invito a que lean la ley vigente y se darán cuenta de que, en todo caso, es la propia ley mexicana la que hace ese trabajo sucio.
La iniciativa tiene cosas que me gustan y otras que no comparto. De entrada debemos reconocerle que recoge lo que en muchos años no se ha hecho y es hacer responsable al gobierno de la protección de los emigrantes, sobre todo cuando están a punto de arriesgar la vida al tratar de internarse en Estados Unidos por el río, el desierto o las montañas.
Bajo el paraguas de una libre circulación, que en la práctica no se da, durante muchos años nuestro gobierno se ha dedicado a contemplar, sin hacer más o francamente muy poco, con los emigrantes que están a punto de exponer su vida. Es tanto como permitir que una familia permanezca en una vivienda que está a punto de ser arrollada por un huracán, bajo el pretexto de que se trata de propiedad privada.
La iniciativa por lo menos detonará, espero, el debate sobre la responsabilidad de México en la salida de los emigrantes y las acciones y programas que el gobierno debe desarrollar.
Dicho lo anterior, el aterrizaje de la iniciativa deja muchas lagunas y genera preocupación. No contempla acciones complementarias como la creación de albergues o programas de ayuda a los emigrantes, quienes, al no poder cruzar a Estados Unidos, quedarían en un completo desamparo y sin saber qué hacer, situación ideal para los polleros o los comerciantes abusivos que los harán presa fácil. Se encargan las acciones correspondientes al ejército o la Policía Federal Preventiva, que no se caracterizan por una trayectoria institucional que proteja emigrantes, sino más bien a perseguir delincuentes, por lo tanto, sólo imaginar el trato que proporcionarán a los emigrantes, da miedo.
A ver si no sucede lo que hace años pasó en Tijuana en un operativo conjunto de autoridades mexicanas y estadunidenses que a manera de pinza cercaron a cientos de emigrantes en una zona de cruce indocumentado, bajo el pretexto de capturar delincuentes que también ocupaban esa zona. El caso es que los emigrantes al ver a las autoridades estadunidenses, que llegaron primero a la cita, se replegaron hacia el lado mexicano; pero, al ver a las autoridades mexicanas, inmediatamente se regresaron a Estados Uni-dos y se entregaron a las autoridades de ese país, prefiriendo ser detenidos por ellos y no por los mexicanos.
No obstante, lo peor que podemos hacer es desechar la iniciativa bajo el trasnochado argumento de "no hacerle el trabajo a los gringos", porque ese razonamiento lo único que ha propiciado es que por no hacerle el trabajo a ellos tampoco se lo hacemos a los mexicanos y por algún lado hay que romper el círculo vicioso.
Aun así, la iniciativa aprobada por comisiones en el Senado debe fortalecerse por lo menos con programas de apoyo y con la participación de la sociedad civil que durante muchos años ha protegido a los emigrantes. Eventualmente se podría crear un cuerpo especial, tipo Grupo Beta, supervisado, capacitado, competente. ¿Cuál es el temor de que participe la sociedad civil en estos esfuerzos? Tiene años haciendo labores de protección y ayuda a los emigrantes. Incluso la Iglesia católica, que durante mucho tiempo y de manera consistente ha estado al lado de los emigrantes.
* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte