Los ex empleados de la casa de gobierno denuncian acoso para que acepten el finiquito ofrecido
Para el gobernador de SLP el despido de cinco trabajadores es "caso cerrado"
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Guardias de la Secretar�General de Gobierno de San Luis Potos�ubicados afuera de las instalaciones del sindicato disidente FOTO Luis Agundis
San Luis Potosi, SLP, 18 de abril. El gobernador Marcelo de los Santos Fraga dijo que para su administración "está cerrado" el caso de los cinco empleados despedidos de la casa de gobierno por afiliarse a un sindicato de burócratas. Por su parte, los ex trabajadores se quejaron de que se ha implantado un operativo de hostigamiento, espionaje y engaños en su contra, con el cual se pretende que firmen el finiquito ofrecido por el gobierno estatal.
Marco Antonio Novella Juárez, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), negó la participación de agentes de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal (DGSPE) en las citadas acciones de acoso, pero lo desmiente un acta que levantó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el desalojo del plantón que los inconformes mantenían en la Plaza de Armas.
Un acta de la PGJE certifica que el sábado pasado se realizó "el levantamiento de unas personas que se encontraban en huelga de hambre". Se indica en el documento que un comandante y 30 elementos de la DGSPE se encontraban en la Plaza de Armas la madrugada en que se disolvió la movilización.
Los desalojados aseguraron que esos policías los obligaron a irse, y retiraron las instalaciones del plantón. La dirigente sindical Francisca Reséndiz Lara informó que desde la mañana del viernes anterior los Servicios de Salud del gobierno estatal habían reservado un espacio para los huelguistas.
Reséndiz Lara también denunció que la sede del sindicato de burócratas que encabeza -existen tres en la entidad- tiene una guardia permanente de personal de la Secretaría General de Gobierno. Agregó que elementos de esa dependencia siguen a los inconformes adonde quiera que van, y que inclusive en sus domicilios hay autos vigilando sus movimientos.
Lázaro Silva, uno de los trabajadores despedidos, denunció que el sábado acudió a su hogar una persona que se identificó como funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y que le pidió que firmara el finiquito que le ofrece la administración estatal, con el argumento de que sus compañeras huelguistas ya habían firmado, lo cual fue desmentido.
Por su parte, el gobernador De los Santos Fraga señaló que no habrá reubicación para los sindicalizados liquidados de la casa de gobierno. Notoriamente exasperado al ser interrogado sobre las huelgas y el desalojo que sufrieron los ex empleados el sábado por la madrugada, reclamó a los medios de comunicación por no entender su postura de entregar liquidaciones.
La administración estatal consignó desde el 15 de abril cerca de 300 mil pesos en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y en la JLCA para la liquidación correspondiente.