Hay estados donde la violencia intrafamiliar aún no se considera delito, alertan expertos
Disparidades en el marco legal dificultan la protección a la mujer
El reconocimiento de los derechos femeninos, determinado por la entidad donde se vive, indica el ombudsman de Puebla
Defensores proponen homogenizar las legislaciones locales
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Acciones de protesta contra la violencia hacia las mujeres, el 27 de noviembre pasado FOTO Yazmin Ortega Cortes
Tepic, Nay., 15 de abril. Con el propósito de revertir la violencia hacia las mujeres, organizaciones civiles, académicos y ombudsman estatales se manifestaron por homogeneizar en las legislaciones locales el delito de violencia intrafamiliar y por establecer en las constituciones de las entidades la prohibición a toda forma de discriminación.
La diputada local panista Norma Elizabeth Sánchez Contreras dijo que, para resolver el problema de la violencia, no basta con que se expidan leyes para proteger a la mujer si éstas no van acompañadas de la voluntad política del gobierno.
Al participar en el foro Los Derechos de las Mujeres, la legisladora denunció que a pesar de que el Congreso local aprobó el 12 de mayo de 2004 la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, que prevé la constitución de un consejo estatal y obliga al Ejecutivo de la entidad a expedir en 60 días un reglamento, no se ha cumplido con las exigencias establecidas en esa norma, a casi un año de que se avaló.
Por su parte, el director de Enlace con Organizaciones Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Ruiz Carbonell, destacó que en el país hay una gran disparidad en la legislación contra la violencia familiar, por lo que es apremiante homogenizarla, porque las condiciones en que se encuentra representan un fomento a la cultura de la violencia.
En entrevista, el también investigador en el tema expuso que frente a otros países México tiene un menor grado de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, abundó Ruiz Carbonell, ''es mayor la violencia contra la mujer en Estados Unidos y países de Europa que en México, pero aquí falta un mayor compromiso compartido del Estado con la sociedad para resolver el problema".
El funcionario agregó que aun cuando en México hay albergues para atender a las mujeres víctimas de violencia, la mayoría de esos centros son constituidos por la sociedad civil, y el gobierno no les brinda los apoyos requeridos. ''Está bien que las organizaciones civiles que trabajan el problema de la violencia contra las mujeres sean los que los operen y los constituyan, pero el Estado debe aportarles recursos para su operación''.
Con base en su experiencia en el trabajo de violencia intrafamiliar, detalló que "de cada 10 mujeres que han sido golpeadas y agredidas por sus esposos, la mitad, después de un tiempo, y aun cuando ya tienen empleo y condiciones para rehacer sus vidas, vuelven con el marido o la pareja que las maltrata''.
Esta realidad, que sorprende a expertos, investigadores y organizaciones que trabajan con mujeres maltratadas, puede explicarse por el hecho de que ''la mujer tiene miedo, necesita protección o no sabe cómo enfrentarse al mundo, y entonces decide volver con la persona que las golpea o maltrata''.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Durango, Norma Beatriz Pulido Corral, manifestó que a pesar de los trascendentes adelantos en el marco jurídico internacional, la mayoría de la población femenina mundial continúa excluida de los principios de los derechos humanos generalmente aceptados. Esta situación obedece a legislaciones obsoletas de los países o a usos sociales, según los cuales la mujer tradicionalmente está destinada a los quehaceres del hogar, o incluso a costumbres que lindan en lo irracional.
Ejemplo de esta circunstancia lo constituyen los países donde se priva al sector femenino de los más elementales derechos sanitarios, o aquellos donde son objeto de la compra-venta aunque sea con la excusa del matrimonio. Expuso el caso de India, donde las mujeres son asesinadas por el marido para hacerse de la dote. ''En 1980, en India, 394 esposas fueron quemadas vivas''.
Los ombudsman participantes en el encuentro, las organizaciones civiles y los académicos coincidieron en que deben uniformarse las legislaciones del país para considerar delito la violencia intrafamiliar, así como homogeneizar las sanciones.
Asimismo, coincidieron en que ''la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y, como tal, el Estado debe emprender acciones para detener esta situación, así como impulsar programas educativos, es decir, incluir en los libros de texto el respeto hacia la mujer, porque se trata de un problema de educación''.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, Jorge Ramón Morales Díaz, destacó que no obstante que la violencia contra la mujer, y específicamente la violencia intrafamiliar, ha sido reconocida a escala internacional como un problema social y de salud pública, las disposiciones para su prevención, sanción y erradicación son elaboradas en el ámbito local por las autoridades regionales.
Sin embargo, precisó, el hecho de que las modificaciones legislativas no se realicen a la par en todos los estados es en sí mismo una injusticia, ya que el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres depende del lugar en que se vive. Sólo ''en algunos estados el delito de violencia intrafamiliar está tipificado y, en materia civil, está considerado como causa de divorcio; en otras entidades existe una Ley Administrativa de Atención a la Violencia Familiar. Por ello es necesario que se unifique la legislación en el país".