¿Vacío y pasividad?
La transición a la democracia significó en España el acuerdo entre las fuerzas políticas a la muerte del dictador. Eso mismo significó también en prácticamente todos los ejemplos al final de las dictaduras en los años 80 y 90, tanto en Sudamérica como en la Europa central. En México el tránsito a la democracia desemboca en un enfrentamiento rotundo entre las principales fuerzas políticas y en la eliminación de una de esas opciones por vías no electorales. Es cierto que los diputados de las fuerzas mayoritarias llegaron al acuerdo de eliminar las posibilidades de una fuerza relativamente menor, pero lo que es cierto también es que alrededor de 64 por ciento de los militantes de esos partidos se opusieron, según un sondeo de Arcop (Proceso, 10/4/05), a que sus legisladores votaran por el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, y algo aún más significativo: entre 70 y 80 por ciento de los mexicanos se declararon en contra de ese acto aberrante y altamente inconveniente para el fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país, como lo calificó la prensa extranjera, incluso en un país cada vez más ajeno a las prácticas democráticas como es Estados Unidos.
Entonces el malestar que sentimos es que entre los espacios parlamentarios y de la alta política, por un lado, y la opinión pública y la población en general, hay un vacío, y hay un vacío también entre el espíritu de la justicia y los argumentos con que se está inculpando al acusado (faltas administrativas menores que se amplifican selectivamente). Hay un vacío entre lo legal y lo legítimo, que es el reclamo que escuchamos cada vez con más fuerza; es el mismo vacío que aplicaron las televisoras al discurso de López Obrador en el Zócalo, seleccionando los párrafos en que pidió silencio para el Papa y cuando se opuso al desbordamiento del orden; es un vacío que se llama censura política, ni más ni menos; es un vacío como el del papamóvil, transitando como una nave de los locos por toda la ciudad, queriendo encubrir el acto horrendo del desafuero y en realidad poniéndonos en ridículo, devaluando moralmente a todos los mexicanos.
Ahora bien, a decir verdad, del otro lado también hay un vacío: ni el líder ni su estado mayor para la construcción de los comités electorales, ni el PRD en ninguno de sus niveles jerárquicos han sabido descifrar a la ciudadanía el enigma de qué quiere decir lanzarse a la defensa de López Obrador y, al mismo tiempo, llevar adelante un movimiento pacífico que no desestabilice el orden social ni los mercados financieros y que tampoco provoque temor entre el electorado.
El que Jesús Ortega y otros legisladores realicen ayunos de 12 horas frente a Los Pinos o que se haya convocado a una marcha silenciosa 18 días después del desafuero parecen entrar en una lógica de enfriamiento que se inauguró pidiéndole a la masa reunida en el Zócalo no asistir a San Lázaro. Hoy López Obrador aparece como el tipo más pacífico del orbe y ¡cómo se lo han celebrado los politólogos en los programas televisivos de la transición! La distancia está perdiéndose entre un movimiento pacífico y un movimiento pasivo.
Y esto presenta dos dificultades: la primera es que no hay ciudadanización de la protesta, es decir, no se construyen espacios públicos intermedios de participación, de interacción argumental en los distintos sectores y territorios, con cierta continuidad de sus asistentes, y esto sucede así, entre otras cosas, porque a las autoridades de la ciudad y del PRD les pareció que 50 millones de pesos era un gasto excesivo para llevar adelante elecciones de comités vecinales. Nunca ha habido, en consecuencia: una relación entre gobierno y ciudadanos, a lo que hemos sido acostumbrados es a una relación entre el líder arriba y unos átomos dispersos abajo que se llaman "la gente" y a los que se convoca esporádicamente para llenar las plazas públicas.
El segundo peligro, y muy grave, es que muchos grupos de la izquierda ya no encuentren en estas débiles e inorganizadas propuestas espacios interesantes para participar y que las acciones radicales tremendamente críticas y suspicaces del influyentismo y las corruptelas hagan un mismo atado con toda la clase política y tomen la vía de la radicalización, ésa sí, sin ambigüedades pacificadoras.
Aprovecho este espacio para renunciar al Comité Ciudadano de apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado porque no hay voluntad jurídica para que el trabajo de esta fiscalía progrese, pero sobre todo porque la PGR, con el desafuero, se ha convertido en un órgano politizado y parcial.