No tenemos derecho a aplicarle la eutanasia a la transición, señala
El Poder Judicial debe actuar con sensatez, plantea Muñoz Ledo
Critica que se quiera resolver los problemas mediante la anulación del contrario
El prestigio y la solvencia del Poder Judicial están en juego en la decisión que se tome sobre la responsabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el supuesto desacato del que se le acusa, y "no veo al Poder Judicial poniendo en riesgo su legitimidad", menos "cuando hay una gran presión social", advirtió el presidente de la mesa de acuerdos para la reforma del Estado, Porfirio Muñoz Ledo.
Entrevistado en la Cámara de Senadores, dijo que "no tenemos derecho a una transición abortada o a darle eutanasia a la transición", o a crear climas similares a los de 1968, 1988 o 1994. Ya el Poder Ejecutivo accionó por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), "ya los partidos hicieron lo que quisieron en la Cámara de Diputados; ahora el caso López Obrador está en manos del Poder Judicial, y espero que sean sensatos".
Señaló que si no hay "chicaneo" y si priva el sentido común en el Poder Judicial, en tres meses las movilizaciones "se reabsorberán". Consideró que el momento culminante se dará este mes y en mayo, cuando tendrán lugar la manifestación del silencio, protestas universitarias y la celebración del Día del Trabajo, y después deben venir los procesos judiciales.
Insistió en que debe imperar la prudencia, porque la pena en la que se está pensando "es totalmente desproporcionada a la falta que se atribuye al jefe de Gobierno". Nadie tiene derecho a descomponer el clima social del país y menos a truncar la democracia, recalcó.
Manifestó que el gobierno de Vicente Fox nunca había generado tanta unanimidad en su contra dentro y fuera del país, ya que 95 por ciento de los comentaristas nacionales e internacionales reprueban el desafuero de López Obrador, y no porque estén en favor de un candidato.
Muñoz Ledo sostuvo que si se hubiesen puesto en marcha algunas de las reformas del Estado planteadas en 2000, entre ellas la autonomía del Ministerio Público y el sistema de doble vuelta en la elección presidencial, el problema acerca del desafuero de López Obrador "no sería de este tamaño".
Sin embargo, se quiere resolver los problemas mediante "la anulación del contrario, por la creación de mayorías artificiales, para sacar de la competencia a uno de los principales actores" de la contienda presidencial de 2006.