Privilegiar la paz, pide Consejo Nacional de la Abogacía
El juicio contra López Obrador estaría viciado de origen: ANAD
En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admita la controversia constitucional presentada el viernes pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y resuelva que es inconstitucional el acuerdo de la Cámara de Diputados que aprobó un día antes el desafuero e inmediata destitución del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, "lo estaría haciendo con apego a la legalidad y con ello rendiría al país un servicio mayor, porque reduciría las tensiones que están confrontando a la sociedad mexicana", señaló la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) mediante un escrito que presentó ayer ante la Corte.
En tanto, juristas integrantes del Consejo Nacional de la Abogacía (CNA) llamaron a todas las partes involucradas en el desafuero y probable consignación penal de López Obrador -acusado de violar una suspensión de amparo- para que "privilegien la paz social por encima de cualquier interés, porque romper con ella sería muy peligroso, ya que cuesta mucho tiempo y vidas volver a restablecerla".
Acerca de la carta que presentaron abogados de la ANAD, María Luisa Campos Aragón, presidenta nacional de esa agrupación, refirió que en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitara acción penal contra López Obrador, y un juez federal iniciara el proceso penal correspondiente, "lo estaría haciendo a partir de un acto viciado de anticonstitucionalidad, toda vez que la condición jurídica previa para iniciar el proceso se tomó en contra de lo estipulado en la Constitución y, consecuentemente, el eventual juicio penal acarrearía ese mismo vicio".
Al dar lectura al documento dirigido al presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, Campos Aragón refirió que el juicio de procedencia que realizaron los diputados federales, en el que se aprobó el desafuero del jefe de Gobierno capitalino, "además de agraviar la voluntad electoral de quienes eligieron a López Obrador y dañar la frágil democracia mexicana y sus instituciones, también abre la posibilidad de una probable respuesta ciudadana".
Dijo que el propio acuerdo de la Cámara de Diputados "conlleva un problema jurídico mayor, que radica en su anticonstitucionalidad, porque de conformidad con el artículo 111 de la Constitución, a los legisladores federales solamente les compete acordar la puesta a disposición de las autoridades del servidor público sujeto a juicio de procedencia, y el mismo artículo señala, en su párrafo séptimo, que la separación del cargo procede hasta en tanto esté sujeto a proceso penal".
Campos Aragón agregó que como los legisladores no sólo aprobaron los puntos resolutivos, sino el texto total del dictamen elaborado por la sección instructora, mismo que incluyó en sus conclusiones la determinación de separar del cargo a López Obrador, "entonces el acuerdo en su conjunto es anticonstitucional, ya que los puntos resolutivos no son separados del dictamen". Asimismo, agregó, "queda en manos de la SCJN la posibilidad de evitar el despropósito de que se ejerza acción penal (contra López Obrador) de manera anticonstitucional".
En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, Joaquín Dávalos Paz, hizo un llamado a López Obrador y a la PGR para que se apeguen al marco legal y respeten las resoluciones que tome el Poder Judicial Federal, en caso de que sea consignado penalmente el funcionario desaforado.
Miguel Arroyo Marroquín, integrante del CNA, refirió que si las partes del conflicto no privilegian la paz social, se pone en riesgo el futuro del estado de derecho en el país.
Por su parte, el ministro José Ramón Cossío Díaz resolverá a más tardar mañana (viernes) si admite o desecha en la SCJN la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados contra la ALDF, por la decisión de los diputados locales de no separar de su cargo al jefe de Gobierno capitalino.
Entrevistado al concluir una sesión de la primera sala de la SCJN, el ministro Cossío -a quien correspondió analizar si la controversia cumple los requisitos jurídicos para su admisión y estudio- aseguró que entre hoy y mañana dará respuesta a la solicitud de la Cámara de Diputados.