La CNDH seguirá analizando quejas por el proceso
ONG censuran la decisión
La aprobación del dictamen de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, apoyado por la mayoría de los legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, no afectará el análisis jurídico de las quejas presentadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y por diputados perredistas por violación a las garantías del mandatario capitalino, confirmaron fuentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tras una ampliación de la queja presentada el pasado 18 de marzo ante el organismo por 17 legisladores perredistas, la CNDH deberá hacer del conocimiento de los inconformes si acepta o desecha las denuncias presentadas a más tardar el próximo 21 de abril, fecha en que concluye el periodo legal de 15 días para su estudio, o antes, si termina el análisis que elabora el área jurídica de esta dependencia.
Pese a que José Luis Soberanes, ombudsman nacional, afirmó el pasado 16 de febrero, en su calidad de jurista, que el desafuero de López Obrador era "improcedente", ya que aseguró que de ejercitarse acción penal contra el gobernante capitalino "estaríamos ante una situación de discriminación, porque en otros casos no se ha ejercitado (acción penal) contra funcionarios públicos acusados de desacato", fuentes del organismo indicaron que tras presentarse las quejas relacionadas con la inhabilitación la CNDH deberá "abstenerse" de opinar sobre los temas que analiza el organismo.
Al respecto, en entrevista por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, reiteró su rechazó a una decisión que "atropella las garantías políticas de los ciudadanos, a quienes se limita la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes".
Destacó que la decisión asumida de la Cámara de Diputados forma parte de un "retroceso" en las acciones para fortalecer un sistema democrático en el país que afecta no sólo los derechos políticos de López Obrador, "sino de la mayoría de los ciudadanos".
Por su parte, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, llamó al Estado mexicano a que garantice al gobernante capitalino un proceso jurídico apegado a derecho.