Editorial
Tortura, realidad que persiste
El gobierno de Vicente Fox volvió a dar una muestra del divorcio entre su visión del país y la realidad. Durante la ceremonia de firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, realizada en Los Pinos, tanto el Presidente como algunos de sus principales colaboradores, entre ellos el secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmaron que en esta administración México le dijo "adiós" a la tortura. Sin embargo, en el mismo acto el representante de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Anders Kompass, contradijo al mandatario al señalar que la tortura sigue siendo una práctica extendida entre las corporaciones policiacas del país para obtener información y confesiones, punto de vista que fue compartido por varios activistas.
Las declaraciones triunfalistas del presidente Fox provocaron inquietud entre defensores de derechos humanos, pues aseguró que México se ha convertido en "promotor activo y protagonista" del fortalecimiento de las garan-tías individuales, y sostuvo que el protocolo ya está en práctica. Para avalar sus palabras, el Ejecutivo federal dijo que durante su gobierno sólo ha habido una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue resuelta a favor debido a que se demostró que no hubo tortura.
En el mismo sentido se pronunció la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi. Esa denuncia se refiere al caso de Martín del Campo, quien fue torturado por la policía para obligarlo a declararse culpable del asesinato de su hermana, en 1992. Pero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, informó al secretario Creel que el fallo de la CIDH no podía interpretarse de esa manera, ya que lo que hizo fue declararse incompetente debido a que la denuncia de Del Campo ocurrió en 1998, antes de que México aceptara la competencia de esa corte.
Ante el optimismo desbordado, el director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Anaya; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Derechos Humanos rechazaron la visión oficial. Y tienen razón. En México es de sobra conocido que la policía suele emplear la tortura, inclusive para "fabricar" culpables aun cuando los agentes saben que se trata de gente inocente.
Para no ir más lejos, en agosto de 2004 la CNDH afirmó que tras la cumbre de Guadalajara, realizada en mayo de ese año, las autoridades del estado de Jalisco efectuaron 78 detenciones ilegales, infligieron tratos crueles y degradantes a 70 personas, incomunicaron a otras 70 y torturaron a seis manifestantes. Debido a estas violaciones a los derechos humanos, el Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Jalisco a acatar la resolución de la CNDH de garantizar el respeto a las garantías individuales e iniciar procesos administrativos contra los funcionarios públicos responsables de estos delitos. Pero el gobernador Francisco Ramírez Acuña, destacado militante del Partido Acción Nacional, dijo que en su entidad no hay tortura y, en tono de burla, acusó a los manifestantes de agredir a la policía, felicitó a los agentes por su actuación y se vanaglorió por el "ambiente de seguridad" que hubo en la cumbre.
La actitud de las autoridades en esta materia es preocupante, pues, como manifestó Anaya, existe gran distancia entre el discurso y la realidad que ha provocado que los propios funcionarios foxistas se contradigan. Tan sólo hace cinco meses, Patricia Olamendi quien ahora se jactó de servir con orgullo a un Presidente comprometido con los derechos humanos reconoció que en el país persiste la tortura.
La postura oficial es una tragedia que pesa sobre los mexicanos, ya que es imposible resolver un problema si ni siquiera se reconoce su existencia o se tiene una percepción del mismo que no corresponde con los hechos cotidianos. No se entiende por qué el gobierno mantiene un doble discurso y presume de logros que no ha conseguido, sobre todo si se tiene en cuenta la facilidad con que se puede demostrar la falsedad de sus afirmaciones. Sería saludable que los funcionarios foxistas dejaran de lado sus declaraciones demagógicas y sensacionalistas y se acercaran más a la realidad que viven día a día millones de mexicanos temerosos de sus cuerpos policiacos.