Un grupo de priístas oaxaqueños se apodera del cargo ganado por usos y costumbres
Escamotean alcaldía a gobernante electo triqui
Oaxaca, Oax., 30 de marzo. El presidente municipal electo de la comunidad triqui de San Martín Intuyoso, Antonio Jacinto López Martínez, informó que pese a haber obtenido el cargo por medio del sistema de usos y costumbres, las autoridades estatales le han negado el reconocimiento legal y, por omisión, han permitido que otra persona usurpe las funciones de alcalde.
Indicó que en octubre de 2004 se realizaron las tres asambleas de elección de autoridades municipales -como establece la costumbre-, las cuales ganó y obtuvo el reconocimiento y validación de la Dirección de Usos y Costumbres del Instituto Estatal Electoral, así como del Colegio Electoral del Congreso estatal; estos actos jurídicos fueron publicados oportunamente en el periódico oficial del gobierno de Oaxaca, aseguró. Sin embargo, agregó, el primero de enero de 2005, cuando tenía que tomar posesión del cargo, al igual que el resto de los 570 alcaldes de la entidad, se opuso un grupo de inconformes, identificados con el PRI.
Detalló que el 30 de enero, al intentar celebrar la ceremonia de toma de posesión en la cabecera municipal, acompañado por un grupo de simpatizantes de las agencias municipales, sus adversarios, armados con rifles, pistolas y machetes, bloquearon el camino para impedir el arribo del contingente de pobladores de dichas agencias municipales. Cuando ambos grupos se encontraron se desató un tiroteo que cobró la vida de cuatro personas (quienes ya tenían problemas familiares).
López Martínez manifestó que pese a esta situación, la Secretaría General de Gobierno se ha negado a intervenir y permite que funcione un "ayuntamiento ilegal", presidido por Felipe Merino Avila, quien durante el proceso de elección por el sistema de usos y costumbres fue designado síndico municipal.
Expuso que este hecho irregular provocó que el gobierno estatal se niegue a reconocerlo como alcalde constitucional, y con ello "se estén reteniendo los recursos municipales, a través de la Secretaría de Finanzas, en perjuicio de la comunidad triqui de San Martín Intuyoso".
Añadió que ya solicitó una audiencia con el secretario general de Gobierno, Jorge Franco Varga, pero hasta el momento sus colaboradores no le han fijado fecha de audiencia, mientras el vacío de autoridad se refleja en la vida diaria de esta comunidad indígena, ubicada en la región de la Mixteca, 300 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca.
"La justicia no existe aquí": CIPO
Luego de 196 días de reclusión en el penal de Ixcotel, Oaxaca, salieron bajo fianza Dolores Villalobos Cuamatzi y José Cruz Cruz, dos de los "presos políticos" del Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM). Ambos afirmaron que "la justicia no existe" en Oaxaca, por lo que convocaron a la sociedad civil "a defender las garantías constitucionales, a no permitir más atropellos y a organizar el descontento". Margarita García y Abacuc Cruz, a quienes también la organización reivindica como "presos políticos", continúan en la cárcel.
Villalobos Cuamatzi informó en entrevista telefónica que se pagaron 61 mil pesos de fianza por cada uno de los reos liberados, lo que obligó a que las comunidades hicieran grandes sacrificios para juntar esa cantidad. Abacuc y Margarita no alcanzan caución porque los acusan de privación ilegal de la libertad, y aún está por resolverse ese proceso.
Subrayó que con su liberación no acaba el proceso contra ella y José Cruz, porque tendrán que seguir luchando para que se reconozcan las pruebas que han aportado "de que los cargos fueron inventados". Ella está acusada de daños, lesiones, resistencia de particulares y resistencia a funcionarios públicos.
"Vamos a seguir tratando de que organizaciones como Amnistía Internacional, los defensores de derechos humanos del sindicato de trabajadores de la UNAM y otras que nos visitaron y constataron las violaciones a nuestras garantías individuales, y que nosotros estuvimos en la cárcel como presos políticos, hagan las recomendaciones y presionen al gobernador a Ulises Ruiz para que se haga justicia, porque nuestras voces y las de estos organismos son negadas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado y declarado que hay irregularidades", aseveró.
Agregó que Raúl Gatica, dirigente del CIPO-RFM, continúa viviendo fuera de Oaxaca debido a que "sigue el acoso contra él y la persecución contra los luchadores sociales; él corre bastante peligro en el estado, a pesar de que la CIDH pidió y ratificó medidas cautelares, las cuales fueron ignoradas por el mandatario".