Se violaron garantías del gobernante con una clara desviación de poder, sostienen
ONG presentan queja ante la CNDH por el proceso contra López Obrador
Organizaciones civiles (ONG) presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el proceso de desafuero que se sigue al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que se han violado las garantías del mandatario con acciones que "evidencian una clara desviación de poder en que ha incurrido la Procuraduría General de la República (PGR)".
Señalan que se han cometido actos violatorios a los derechos humanos de López Obrador en el principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, además de lesionar la garantía de proceso debido, el principio de no discriminación y el derecho de igualdad ante la ley.
Todos estos actos, "que valoramos como violatorios de los derechos humanos", son un reflejo de que la potestad pública ha sido utilizada para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano, configurándose así "una desviación de poder" mediante actos sucesivos tendientes a limitar los derechos del jefe de Gobierno, indican las ONG.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Oaxaca, entre otras, sostienen en la queja que "la conducta de la PGR, amparada en la utilización de formas jurídicas, pretende conseguir un fin distinto al establecido en el ordenamiento jurídico mexicano, es decir, la limitación de los derechos políticos del actual jefe de Gobierno".
Afirman que se viola el principio de legalidad "al no existir una pena específica para el delito de desobediencia a una resolución judicial; se afecta el principio de legalidad, establecido en artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política, debido a que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".
Asimismo se violenta el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que los principios nullum crimen sine lege ("no hay delito sin ley") y nulla poena sine lege ("no hay pena sin ley"), en los que descansan los preceptos legales enunciados, constituyen una garantía esencial del procedimiento que en el acto de autoridad mencionado se ve claramente violentada.
Explican que se viola el derecho a ser juzgado por un tribunal competente al ser un juez de distrito quien da vista del caso al Ministerio Público y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el juez de distrito debió remitir el asunto a la Corte para que ésta determinara su procedencia.
Las ONG detallan que se lesionan las garantías al proceso debido por la deficiente integración de la averiguación previa. Precisan que el Ministerio Público abrió una averiguación sin tener la declaratoria judicial correspondiente y sin que dicha declaración hubiera causado estado, actuando arbitrariamente y violando el principio de legalidad.
Sostienen que durante el procedimiento no se permitió el acceso a la averiguación previa, lo que constituye una violación flagrante al debido proceso legal, lo cual "quedó demostrado en un amparo que le fue otorgado a Andrés Manuel López Obrador".
Resaltan que la PGR no precisó adecuadamente en qué consistieron las causas de la supuesta violación al incidente de suspensión definitiva, "ya que la vialidad no se construyó, el acceso a los predios de la quejosa en ningún momento se obstruyeron, y se fueron respetando puntualmente las distintas determinaciones que en su momento decidieron las instancias jurisdiccionales".