Se agrava la tensión Iglesia-Estado en el contexto de una polémica sobre el aborto
Quitan el cargo al obispo castrense que sugirió tirar al mar a ministro argentino
Las expresiones del religioso recuerdan los vuelos de la muerte, dice el gobierno de Kirchner
Buenos Aires, 18 de marzo. El gobierno argentino de Néstor Kirchner anunció el retiro del aval y despojó de todas sus atribuciones al obispo castrense Antonio Baseotto, quien hace días sugirió colgar una piedra al cuello y tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, en el contexto de una polémica por la despenalización del aborto.
De esa manera se profundizó la tensión causada por las propuestas bíblicas de Baseotto y la respuesta del nuncio apostólico Adriano Bernardini, quien ante la demanda del gobierno al Vaticano dijo no ver en el derecho canónico "ninguna razón para retirar al vicario castrense" que propuso el método que usó la pasada dictadura militar (1976-1983) para arrojar al mar a detenidos vivos o muertos.
Especialmente este fue un trabajo de la aviación naval, un hecho que en estos días está en escena tanto por el juicio a Adolfo Scilingo en España, un capitán de la marina que se autoincriminó en torno a dos vuelos de la muerte y por la presentación de una película donde se revelan los primeros reconocimientos de algunos cuerpos hallados en esos años en las costas de la provincia de Buenos Aires.
Las declaraciones de Baseotto causaron estupor, más aún al conocerse su trayectoria y conductas discriminatorias por igual contra judíos y musulmanes. El respaldo del nuncio ante el canciller Rafael Bielsa agravó la situación, y el gobierno debió tomar una decisión nada fácil, que tendrá consecuencias políticas.
Baseotto, propuesto por el Vaticano, fue nombrado por decreto del Ejecutivo, que firmó Eduardo Duhalde cuando fue presidente. A su vez, fue recomendado por Esteban Caselli, quien está ligado estrechamente a otro ex mandatario, Carlos Menem.
Caselli, ex embajador ante el Vaticano, es citado como un "intrigante" y analistas le atribuyen maniobras para crear "ruidos" entre la Iglesia y el gobierno actual.
El vicariato castrense, a cargo de todas las capellanías militares, es parte de un tratado entre el Vaticano y Argentina firmado en 1957, al que Menem, por presión de Caselli, otorgó categoría de diócesis en 1992 y el vicario pasó a ser un obispo en los cuarteles.
Por lo demás, Caselli mantiene fuertes relaciones con el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano, y un apoyo irrestricto a Baseotto y otros religiosos de fuertes lazos con los militares más duros y con aquellos que protagonizaron la historia más cruenta de represión en Argentina.
Al hacer el anuncio sobre Baseotto, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, señaló que las declaraciones del religioso "se convirtieron en alegorías con connotaciones muy fuertes porque sus expresiones recordaron que se debe hacer algo muy parecido a lo que ocurrió en los años negros de la Argentina cuando se realizaban los vuelos de la muerte".
Ahora la curia deberá proponer un nuevo nombre dentro de un clima duro, agudizado por los sectores de la ultraderecha y el curioso silencio de una izquierda ausente. El cargo de Baseotto ha tenido atribuciones de subsecretario de Estado y su sueldo era de 5 mil pesos mensuales -más de mil 500 dólares- y otras percepciones.
Por otra parte, el canciller Rafael Bielsa anunció el pasado 16 de marzo que el Poder Ejecutivo mantiene su voluntad política de que sea ratificado el tratado internacional de Naciones Unidas conocido como Protocolo de CEDAW -por sus siglas en inglés-, considerado el instrumento más importante del organismo mundial para combatir la discriminación hacia las mujeres.
Bielsa expresó lo anterior un día después que la cúpula del Episcopado pidiera a los legisladores que detuvieran su aprobación porque "abriría las puertas para la despenalización del aborto y avasallaría la soberanía nacional".
Pero la cancillería rechaza ese argumento y lo considera una "interpretación equivocada" porque ese tratado es un anexo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional desde 1994, como un instrumento de defensa de los derechos humanos del género femenino.
A escasos días de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que instaló la más cruenta dictadura en la historia nacional hasta 1983, apenas el jueves falleció la doctora Olga del Valle Márquez de Aredes, quien luchó sin descanso por la justicia en la provincia de Jujuy, ya que su esposo, el médico Ramón Aredes, desapareció durante la dictadura.
Fue ella la memoria viva, al principio caminando sola con un pañuelo blanco por una plaza desierta exigiendo justicia por su esposo y por las víctimas de la famosa "noche del apagón" en Libertador General San Martín, donde la policía en vehículos del Ingenio Ledesma secuestró a centenares de personas, y aún quedan más de 30 desaparecidos.