Decide el presidente boliviano no renunciar; enfrenta momentos difíciles, afirma

Rechaza el Parlamento petición de Carlos Mesa de adelantar comicios

Asegura que impulsará la ley de hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente

Advierte British Gas que podría demandar judicialmente a Bolivia para hacer respetar contratos

AFP, DPA Y REUTERS

La Paz, 17 de marzo. El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, anunció esta noche que permanecerá en el poder hasta 2007, luego que el Congreso rechazó su solicitud de adelantar en dos años las elecciones generales.

Tras señalar que "se ha generado un escenario nuevo, de desarme objetivo en el tema más complejo que estábamos enfrentando, que era el de los bloqueos" de carreteras, Mesa manifestó su decisión de "no darle la espalda al pueblo, de no abandonarlo" y no rehuir su responsabilidad de presidente de la república.

"Quiero decirle al país que en la medida en que tengo una responsabilidad que cumplir con Bolivia, estoy dispuesto a asumir ese camino más difícil ya que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica la entrega -de la presidencia- a quien me sucede constitucionalmente en una situación que no resuelve la crisis básica", expresó durante un mensaje radiotelevisado a la nación.

La decisión del mandatario fue adoptada después que por la tarde el Congreso rechazó por mayoría su solicitud de adelantar en casi dos años las elecciones generales para el próximo 28 de agosto, al considerar su petición "inaceptable" y "contraria" a la Constitución política del país.

Tras esa decisión del Congreso, que el miércoles anterior aprobó una ley de hidrocarburos contraria a la planteada por su gobierno, el presidente Mesa sostuvo una serie de reuniones de consulta con los altos mandos militar y policial, parlamentarios, la Iglesia católica, y posteriormente mantuvo un encuentro de emergencia con su gabinete, siempre en la misma tónica de evaluación ante la nueva situación política.

"Sigo en esta tarea extraordinariamente difícil, y porque es difícil tiene sentido quedarse", señaló en su mensaje, tras apuntar que "se ha generado un escenario nuevo, el de un desarme objetivo" de la situación social, pues el país está totalmente desbloqueado para establecer un escenario en que todas las dificultades sean superadas.

Subrayó que "una determinada lectura de la intención de mi mensaje hizo que el pueblo me haya apoyado, sintiera la sensación de abandono. Me decían, presidente no estás solo". Entonces, señaló, "lo que he hecho es un planteamiento para encontrar una solución a la crisis".

En su alocución, apuntó que "los sectores en el Parlamento han marcado el camino más difícil para el país", criticó a los parlamentarios por "aferrarse" a su permanencia y asentó que "no voy a rehuir mi responsabilidad de quedarme como presidente constitucional de la república y cumplir con el mandato que tengo a partir de la situación presentada el pasado 17 de octubre" de 2003, tras la caída de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reprimió una revuelta popular que dejó al menos 56 muertos.

Mesa destacó que al permanecer en el mando se ocupará de impulsar la agenda del país, que es clara y está marcada por los temas de una ley de hidrocarburos adecuada, con un referendo de autonomías, con la elección de prefectos (gobernadores), que debe culminar con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

"Quiero darle al país y al mundo la certidumbre de que después de haber agotado los mecanismos adecuados para encontrar soluciones no voy a rehuir mi responsabilidad (...) Hay que pedirle al Parlamento la capacidad de desprendimiento", afirmó.

Mesa, historiador de 51 años, presentó el miércoles pasado ante el Congreso una ley interpretativa para superar las dificultades de procedimiento que entrañaba su plan de recortar su mandato en casi dos años, que debe concluir el 6 de agosto de 2007.

Fundamentaba su acortamiento en evitar "un baño de sangre" en el país andino, impidiendo una salida violenta ante los bloqueos campesinos y los paros obreros, y evitar un "suicidio colectivo".

El Parlamento rechazó el pasado 6 de marzo la renuncia del presidente Mesa (que no fue presentada con carácter irrevocable), quien invocó como razón las constantes protestas y bloqueos carreteros, impulsados sobre todo por el principal líder opositor, el diputado y líder de los cocaleros, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS).

Inclusive, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles anterior un proyecto de ley de hidrocarburos que establece en 18 por ciento el cobro de regalías a las compañías petroleras y un impuesto de 32 por ciento "no deducible ni compensable".

Mesa no apoyó la iniciativa, que permitió el fin de las protestas populares, pues planteaba que el impuesto de 32 por ciento a las petroleras fuera deducible.

En ese contexto, el consorcio británico British Gas advirtió que podría demandar judicialmente al Estado boliviano para hacer respetar sus contratos ante los eventuales reajustes impositivos, tras la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos por la Cámara baja, que aún deben avalar el Senado y el presidente Mesa.

"Me ha mandado dos cartas British Gas diciendo que las cosas que se están haciendo -en Bolivia- las toman en cuenta para los procesos legales que van a iniciar", declaró el ministro de Energía, Guillermo Torres, quien al rechazar la iniciativa aprobada por los diputados advirtió que debe "corregirse" debido a esos problemas con las trasnacionales.

La multinacional de Gran Bretaña opera cerca de 15 por ciento de las reservas de gas bolivianas, estimadas en 54.9 trillones de pies cúbicos, la segunda reserva de gas de Sudamérica después de Venezuela, que ostenta 147 trillones de pies cúbicos.

Alrededor de 26 empresas extranjeras -como Total (de Francia), Petrobras (Brasil), British Gas (Gran Bretaña), Repsol-YPF (Argentina), Exxon-Mobil (Estados Unidos) y Plus Petrol (Argentina)- enfrentarían la nueva situación de que sus 70 contratos sean anulados si el proyecto de ley de hidrocarburos es adoptado finalmente por el Congreso boliviano.

Plan "inconstitucional"

Tanto Evo Morales como otros dirigentes políticos de la nación andina consideraron desde el principio "inconstitucional" el plan del presidente de adelantar las elecciones generales.

El líder de los campesinos cocaleros, el principal adversario político del mandatario, había juzgado ese proyecto como "una trampa para el pueblo boliviano".

El también diputado del opositor MAS dijo que rechazaban ese plan, que nadie le pedía al presidente su salida, sino que aún tenía que cumplir con el compromiso público de convocar a una Asamblea Constituyente.

Eso, sostuvo, "es una forma de postergar los cambios profundos al modelo económico y especialmente al sistema político".

Mesa asumió el poder en octubre de 2003, tras la caída de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, ante una revuelta popular en rechazo a sus planes de aceptar sólo 18 por ciento de regalías de las empresas petroleras, frente a 50 por ciento que exigían los movimientos populares.

El secretario general interino de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luigi Einaudi, pidió en Washington a los líderes bolivianos que respeten la democracia y cumplan con los compromisos asumidos en el contexto de la Carta Democrática del organismo regional.