El parque nacional de Tulum, en peligro
En una acción sin precedente en México, un alcalde pretende anular un decreto presidencial y borrar del mapa un parque nacional para convertir el lugar en un gran centro turístico. El munícipe es Gabriel Mendicuti Loría, quien preside el ayuntamiento de Solidaridad -mejor conocido como Playa del Carmen-, en Quintana Roo, y el parque nacional que quiere hacer desaparecer es el de Tulum.
Esa área natural protegida consiste en un polígono de forma irregular que abarca 664 hectáreas en torno a la zona arqueológica de Tulum, también legalmente protegida. Fue establecida por decreto del entonces presidente López Portillo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 y el 30 de abril de 1981, y su creación obedeció, según señala el propio documento, a la necesidad de proteger y conservar esta zona en beneficio de la comunidad, debido a su belleza, valor científico, educativo y recreativo, así como preservar los manglares y cenotes que albergan flora y fauna características de la región, y que están ligadas a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo maya.
Además, en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum, publicado también en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2001, se clasificó el polígono del parque nacional con el carácter de unidad ecológica de protección y fragilidad máximas, criterio que prohíbe la construcción de cuartos hoteleros o de infraestructura turística.
El problema del parque nacional, empero, es que se extiende fundamentalmente a lo largo de la zona costera, y sus terrenos ahora son codiciados por inversionistas para edificar hoteles, condominios y otros establecimientos turísticos. A fin de favorecer esos intereses, Mendicuti -próximo a terminar su periodo de gobierno- está elaborando al vapor una serie de modificaciones al plan de desarrollo urbano de Tulum, que cambiarían por completo las normas vigentes para la franja costera y permitirían la edificación de grandes construcciones en pleno parque nacional.
Esto constituye una violación flagrante a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, cuyo artículo 62 señala: "Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión y, en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido". Un ayuntamiento no puede, por tanto, autorizar usos del suelo diferentes a los que especifica el decreto, que es de carácter federal.
Lo sorprendente de todo esto es que Mendicuti asegura que no está violando la ley, pues según su muy personal interpretación jurídica, el decreto presidencial de 1981 no tiene validez legal. Para ello, asesorado por la empresa Planeación Integral y Gráfica -que también asesora al empresario César Portilla, dueño de terrenos en la zona-, hace una serie de singulares alegatos. Por ejemplo, que como el decreto se publicó dos veces, eso lo invalida, pues no se sabe cuál de ellos es el que entró en vigor. O que como no se ha elaborado el plan de manejo del parque, éste no tiene existencia real. O bien, que aunque se decretó la expropiación de terrenos, ésta no se consumó porque no se pagó a los propietarios. A todos esos argumentos -sobre los cuales no entraremos en detalle- dio respuesta puntual el biólogo Alfredo Arellano, director regional de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas.
Pero, independientemente de que pudieran ser o no fundadas las consideraciones del alcalde, no es él, sino un juez federal quien debe dictaminar si el decreto es válido o no. Esa decisión presidencial entró en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y hasta la fecha no ha sido abrogada. Como señala la asociación científica Amigos de Sian Ka'an en un documento enviado a Mendicuti, "no es atribución del municipio, de consultor u abogado alguno determinar al respecto", y remarca que "no es competencia del ayuntamiento determinar si se encuentra vigente o no el decreto federal que declara el establecimiento del Parque Nacional de Tulum."
No deja de resultar contradictorio que, siendo una autoridad municipal y -en teoría al menos- representante de la comunidad, Mendicuti anteponga los intereses privados sobre los públicos. A todas luces, lo que pretende con estas modificaciones al plan de desarrollo urbano es abrir un resquicio para que, al amparo de una autorización oficial -aunque ilegal-, los inversionistas se apresuren a construir donde está prohibido hacerlo. Después, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones -los casos del hotel Porto Real, en Playa del Carmen, o del Riu, en Cancún, son buenos ejemplos- las construcciones serán "regularizadas" mediante el simple pago de una multa.
* Premio Nacional a la Divulgación Científica