Usted está aquí: martes 15 de marzo de 2005 Estados El Congreso de QR inhabilita por 20 años a García Zalvidea

Instalado como jurado de sentencia, lo culpa de la quiebra y caos del ayuntamiento de Cancún

El Congreso de QR inhabilita por 20 años a García Zalvidea

Síndico municipal también estará impedida de ocupar cargos durante 17 años

Ambos podrían enfrentar la acción de la justicia a partir del 10 de abril por presunto desvío de recursos públicos

JAVIER CHAVEZ CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Sesi�el Congreso de Quintana Roo, durante la cual diputados de todas las bancadas, excepto del PRD �quienes no asistieron�, decidieron inhabilitar por 20 a�para ocupar puestos p�os a Juan Ignacio Garc�Zalvidea, edil con licencia de Canc�rente al recinto, unos 300 perredistas lanzaron consignas contra el gobernador Joaqu�Hendricks y expresiones en apoyo a El Chacho FOTOS Javier Ch�z

Chetumal, QR, 14 de marzo. El Congreso de Quintana Roo, instalado como jurado de sentencia, aprobó por unanimidad la destitución e inhabilitación durante 20 años de Juan Ignacio García Zalvidea, presidente municipal de Benito Juárez (Cancún) con licencia -y ex candidato a la gubernatura por la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT)-, al considerar "comprobada" su responsabilidad en la quiebra financiera y el caos que padece el ayuntamiento que encabezó.

En una sesión en la que estuvo ausente la bancada perredista, el jurado de sentencia también destituyó e inhabilitó por 17 años a la síndico municipal Paula Martínez Buenfil. Según el resolutivo, ambos sentenciados podrían enfrentar la acción de la justicia a partir del 10 de abril -cuando concluya el mandato de García Zalvidea-, ya que tienen pendientes averiguaciones previas por presunta malversación de recursos públicos.

La sentencia no puede ser ejecutada "en tanto no cesen los efectos de las resoluciones de suspensión emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una vez cesados tales efectos, las presentes sanciones emitidas surtirán todas sus consecuencias legales sin requerir diligencia posterior", se precisó en el resolutivo.

"En todo caso, la próxima Legislatura (que entrará en funciones el 24 de marzo) tendría que aguardar el sobreseimiento (ordenado por la SCJN) a partir del 10 de abril, cuando ambos abandonen el palacio municipal y queden sin efecto los citados recursos", explicó en entrevista el diputado priísta Carlos Gutiérrez García, presidente en funciones de la Mesa Directiva del Congreso local. "Pero esto es un hecho consumado", añadió el también titular de la Comisión de Justicia.

La sesión, a la que acudió la parte acusadora -los regidores de Cancún que solicitaron juicio político contra García Zalvidea en junio de 2004-, comenzó a las 9:40 horas de este lunes, en la sede del Poder Legislativo, que fue cercada por un centenar de policías antimotines, los cuales contuvieron a unos 300 perredistas que lanzaron consignas contra el gobernador Joaquín Hendricks Díaz, y en favor de García Zalvidea.

"Se consumó un atraco"

"Esto es un atraco. Están cometiendo una injusticia con el gobernador del pueblo", gritaron los manifestantes, que enarbolaron grandes pancartas utilizadas por García Zalvidea en su campaña como candidato a la gubernatura.

El alcalde con licencia permanecía en un hotel de esta ciudad, acompañado por abogados y simpatizantes. Su última carta era una cuarta ampliación de la controversia constitucional que interpuso el año pasado contra acciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales, recurso que se presentó ante la SCJN el jueves pasado. De esta forma pretendió detener la audiencia del lunes, pero la apelación fue rechazada.

Ante los casi 300 asistentes a la sesión legislativa -que eran principalmente burócratas estatales-, el diputado Gutiérrez García dio a conocer en tribuna que García Zalvidea y Martínez Buenfil "quedan destituidos e inhabilitados para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, en términos de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo".

Añadió, dirigiéndose a los defensores de oficio del alcalde y la síndico: "las determinaciones contenidas en la presente resolución, de ninguna manera prejuzgan respecto a la existencia de delitos y la probable responsabilidad penal de Juan Ignacio García Zalvidea y Paula Fernanda Martínez Buenfil, por lo que quedan intocadas las facultades legales del Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales, para que en ejercicio de sus funciones realicen las actuaciones que consideren pertinentes en virtud de las averiguaciones previas que tengan relación con los presentes hechos".

Los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) detallaron la responsabilidad de los dos inculpados en la crisis que padece el ayuntamiento de Benito Juárez. Destacaron que hubo manejo irresponsable de los recursos municipales, y presunta malversación de fondos, lo que provocó caos "en todos los niveles", que desencadenaron problemas políticos, laborales y de seguridad pública.

"Tenemos que defender a los más de 850 mil habitantes de Benito Juárez que ahora viven en la ignominia, en la basura y en la inseguridad", dijo en tribuna Francisco Armando Pimentel, del Verde Ecologista, partido que postuló a García Zalvidea como su candidato a la alcaldía en 2002.

Finalmente, los 18 diputados de las cuatro bancadas presentes -PRI, Partido Acción Nacional, Convergencia y PVEM- aprobaron el resolutivo por unanimidad.

El diputado local electo por el PVEM, el ex perredista Gastón Alegre López -quien fue candidato del sol azteca a la alcaldía de Cancún en 2002 y en su momento, como regidor promovió el juicio político-, abandonó de inmediato la sesión y se internó entre los enardecidos manifestantes, quienes lo empujaron y estuvieron a punto de derribarlo.

Los agentes antimotines fueron en su ayuda y lo rescataron, por lo que Gastón Alegre pudo abordar su automóvil y se alejó.

 
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