López Obrador y el Estado de derecho
Ante la andanada en nombre del derecho y las instituciones a propósito del juicio de procedencia contra Andrés Manuel López Obrador, conviene detenernos a reflexionar sobre su uso faccioso, pues el foxismo, con el Presidente de la República a la cabeza, ha colocado en la mira al jefe de Gobierno del Distrito Federal con el fin de eliminarlo de la contienda en 2006.
Recordemos que el Estado de derecho no sólo incluye la letra de las normas, sino los modos en que se produce, se aplica y se legitima. Ya está suficientemente documentado que el llamado desacato no se acredita, pero no sólo eso, que siendo un delito no grave, la Procuraduría General de la República (PGR) no tuvo en consideración el elemental principio de proporcionalidad y optó por solicitar el juicio de procedencia a fin de abrir paso a la consignación. Pero no se trata nada más de una valoración irresponsable, sino de una decisión consciente tomada desde el mismo espacio presidencial y, para colmo, con la anuencia y "consejo" del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien no tuvo la consideración ni el respeto que ahora demanda para la institución que representa: ¿división o complicidad de poderes?
Esta desviación de poder, que preparó un virtual golpe de Estado, se definió una vez que no se logró involucrar directamente a López Obrador en el penoso escándalo de los videos; previamente se acusó a su jefe de logística, Nicolás Mollinedo, quien además lo traslada en su modesto Tsuru, por recibir un sueldo "escandaloso", ocultando que el propio gobernante tiene el sueldo de un director de área en el gobierno federal y que en él los altísimos sueldos son una bofetada ante las profundas desigualdades que existen en el país. Ya nadie recuerda que el empresario Carlos Ahumada "vendió sus videos" cuando tuvo evidencias suficientes de que el Gobierno del Distrito Federal había descubierto un fraude millonario que le involucraba y que antes que negociar en lo oscurito la Contraloría dio cuenta a las autoridades de procuración de justicia. En ese capítulo aún desconocemos la información que posee el gobierno cubano, así que, como diría la célebre novela Muertos incómodos, "falta lo que falta".
Y precisamente cuando el llamado desafuero entró a su fase decisoria se incrementó el asedio al gobernante capitalino, insistiendo en lo que el foxismo no tiene empacho en denominar "desprecio por el estado de derecho y las instituciones", y a la legítima defensa de López Obrador "violencia verbal".
Hagamos un recuento: ¿no está en la base de la política social en el Distrito Federal una convicción por que los derechos sociales tengan un mínimo referente de exigibilidad? ¿No quedó demostrado que el caso del Paraje San Juan era un brutal atraco y por ello legítimamente había que defender los recursos públicos? ¿No ha recurrido el jefe de Gobierno una y otra vez a la Suprema Corte para que dirima diferendos, como el del horario de verano o la declaración interpretativa a la convención sobre desaparición forzada? ¿No está mostrando respeto por la voluntad popular cuando ha promovido cada dos años una consulta para que la ciudadanía decida si debe o no seguir al frente del gobierno, a pesar de que aún en nuestro país no se regula la revocación del mandato?
Carlos Ahumada, René Bejarano, Carlos Imaz están sujetos a proceso penal, en cambio los escándalos del toallagate y el del funcionario que realizó los gastos suntuosos en París sólo hicieron que los responsables fueran removidos sin fincarles responsabilidades en el más puro estilo del priísmo que removió a Emilio Chuayffet después de la masacre de Acteal. ¿Quiénes dan lecciones de derecho? ¿Los priístas, que se cobijaron en la impunidad ante el genocidio practicado el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y durante todo el periodo de la guerra sucia, donde hubo muertos y desaparecidos sobre los que no rindieron cuentas? ¿El PAN, que tapó a los Amigos de Fox y pretende quedarse con el poder a toda costa y ahora no fustiga al Presidente como lo hizo con López Obrador, porque debió estar enterado de que un funcionario cercano como Nahúm Acosta resulta involucrado en actos presuntamente delictivos?
Ciertamente preocupa hasta dónde llevará esta cruzada, pues ya está en marcha la campaña contra el llamado a la ciudadanía para manifestarse pacíficamente el día en que los diputados decidan sobre el desafuero: ¿quién se acuerda que en este país la ciudadanía goza de libertades constitucionales? Los diputados pueden leer el libro sobre la defensa jurídica del gobernante capitalino, pues la sección instructora rechazó algunas pruebas; pronto deberán decidir si sus nombres quedarán involucrados de por vida en este atropello. Ahí está la lista de los que votaron en favor de las contrarreformas al 27 constitucional en 1992 y la indígena en 2001, y ahora ésta, que en nombre de la apertura de una calle privaría de derechos políticos a un mexicano que gran parte de la ciudadanía ve como una esperanza de que en este país el derecho recobre sentido.