Segundo informe anual del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Incumple el Estado su obligación de garantizar derechos sociales: ONG
El incremento de la pobreza, exclusión social, violencia, marginación y desigualdad que hoy enfrenta la sociedad, en particular los sectores más vulnerables -mujeres, niños e indígenas- es clara evidencia del "poco respeto, protección y acción del Estado" para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país, señala el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En su segundo informe anual sobre la situación de estos derechos en México, destaca que el acceso pleno a las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y medio ambiente sano está limitado ante la falta de políticas públicas construidas con una perspectiva de los derechos humanos, ya que la pobreza, concentrada en las zonas rurales y urbano-marginadas, "es la mejor evidencia del no cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales".
Agrega que el reto es trascender programas sectoriales y focalizados de corte asistencialista "que no resuelven de manera estructural el problema de desigualdad, marginación y exclusión que afecta de forma individual y colectiva a mujeres, niños e indígenas, así como a otros grupos vulnerables. A ello se suma la imperiosa necesidad de articular los diferentes programas sociales impulsados por las distintas dependencias del gobierno federal, con el fin de incrementar su eficacia y resolver los problemas de manera integral".
Con el apoyo de un equipo de especialistas, se analizaron las principales políticas públicas implementadas por el gobierno federal con el objetivo de evaluar su capacidad para aplicar y proteger los derechos sociales.
El informe, que será difundido los próximos días, evalúa el impacto que generó en la población vulnerable las acciones de Oportunidades, el cual, pese a ser el programa más importante en la lucha contra la pobreza, no ha sido debatido en los ámbitos nacional o local. También se analizaron -en el periodo de noviembre de 2003 al mismo mes de 2004- el Plan Nacional de Desarrollo, programas nacionales en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y medio ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Social.
Respecto del derecho a una alimentación adecuada, el informe concluye que los esfuerzos aplicados por el gobierno del presidente Vicente Fox por conducto de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social "distan mucho de asegurar a los mexicanos la protección y promoción de este derecho, ya que no se ofrecen soluciones integrales al problema de la pobreza".
Destaca que en México la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza y más de una quinta parte en condiciones extremas, pues se estima que 24 por ciento está por debajo de la línea de la indigencia; es decir, personas que padecen desnutrición e inseguridad alimentaria.
En cuanto a la vivienda, el análisis señala que la política nacional en la materia está "concebida bajo el esquema de las leyes del mercado, que deberán regular la relación oferta-demanda, en tanto el sector privado se ocupa de su financiación y ejecución, mientras el gobierno federal realiza una inversión muy limitada, útil para asignar sólo unos cuantos subsidios a los más pobres".
La educación y la salud también son derechos sociales afectados por políticas públicas "asistencialistas y excluyentes", en las que se aplican programas focalizados que no han ofrecido resultados positivos en el combate a las causas estructurales por las que millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios educativos y de protección a la salud.
El programa del Seguro Popular, señala, comparte las carencias y dificultades de todo el sistema de salud, "enfatiza la división desigual y diferenciada de los sectores de la población, ya que aglutina a la población con menos recursos, mientras el sector con acceso a mejores remuneraciones económicas acudirá al sistema privado de salud en busca de un mejor servicio".
Se agrega la precaria situación de los derechos laborales y a un medio ambiente sano, donde el desempleo y la sobrexplotación de los recursos revelan una situación "crítica", en la que el Estado está desconociendo su obligación de garantizar "un empleo fijo, estable y bien remunerado, así como la creación de una política pública en materia de medio ambiente que preserve los recursos naturales del país".
La ideología neoliberal que prevalece en las materias económica y social desde las pasadas dos décadas trajo como consecuencia una "redimensionalidad a la baja de los derechos socioeconómicos, pues se desechó la idea de que la política social debía ser universalista y que el Estado tiene la obligación de redistribuir el ingreso, abatir la desigualdad y crear condiciones para acabar con la pobreza".
El informe afirma que el actual gobierno renunció a su papel de promotor del desarrollo económico y del empleo al instrumentar programas que desconoce la mayor parte de los derechos socioeconómicos de la mayoría de los mexicanos, ya que en el caso del programa Oportunidades "se eliminan los derechos de todos aquellos que no son considerados pobres extremos o que viven en áreas de baja o muy baja marginación como las ciudades".