Usted está aquí: lunes 14 de marzo de 2005 Estados Gobierno de BCS y SCT vigilarán a prestadores de transporte turístico

Evitar que laboren fuera de su jurisdicción, objetivo

Gobierno de BCS y SCT vigilarán a prestadores de transporte turístico

CRISTOBAL GARCIA BERNAL

Ampliar la imagen Francisco J. Rodr�ez Madrigal, apoderado legal de la Uni�e Transportistas de Alquiler FOTO Tribuna de los Cabos

San Jose del Cabo, BCS, 13 de marzo. El gobierno estatal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aplicarán este lunes un operativo de vigilancia en los principales hoteles de la ciudad, así como en las carreteras y el aeropuerto, para evitar que las empresas Transportadoras Turísticas Terrestres del Servicio Público Federal (TTTSPF) ofrezcan sus servicios a turistas extranjeros en la jurisdicción local.

El representante legal de la Unión de Transportistas de Alquiler (UTA) -que aglutina a taxistas locales-, Francisco Javier Rodríguez Madrigal, informó que en las citadas acciones participarán 16 inspectores del gobierno de Baja California Sur, así como ocho de la SCT, quienes se ubicarán en puntos estratégicos de este destino turístico, para detectar cualquier irregularidad en la prestación del servicio de transporte.

En entrevista con La Jornada, indicó que las condiciones "no son del todo favorables" para los taxistas, porque si bien se estableció un convenio interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, la UTA y las TTTSPF el pasado 28 de febrero, "las transportadoras continúan violando la Ley del Transporte del Estado", lo que podría desatar nuevos enfrentamientos.

El pasado 10 de enero, 520 taxistas de San José del Cabo bloquearon los accesos a unos 15 hoteles de lujo, en protesta porque las TTTSPF ofrecen sus servicios a turistas en sitios donde la atención corresponde únicamente a los choferes de alquiler, por tratarse de la jurisdicción local, según lo establece el artículo sexto de la legislación arriba mencionada.

Los trabajadores del volante levantaron su bloqueo 43 días después. El movimiento mantuvo prácticamente paralizada la actividad turística en San José del Cabo, y dejó pérdidas millonarias calculadas en dólares. De continuar las prácticas ilegales que las empresas transportadoras han realizado en los 15 años pasads, podría renacer la crisis.

Rodríguez Madrigal confió en que con la decisión del gobierno estatal, de incrementar hasta en 4 mil salarios mínimos la multa a las empresas transportadoras que no cumplan con los pedimentos de traslado de turistas extranjeros, la situación podrá mejorar, pues actualmente "son insostenibles" las condiciones en las que laboran los taxistas del municipio.

La Unión de Transportadoras Turísticas Terrestres -que pertenecen a las TTTSPF- amenazó con promover un amparo contra la decisión del gobierno bajacaliforniano, de incrementar la multa hasta 4 mil salarios mínimos, sanción que actualmente asciende a mil 400 pesos. Esto causó que se rompieran las negociaciones en el comité de evaluación y seguimiento al conflicto.

Para Rodríguez Madrigal, la imposición de multas podría ser una salida momentánea al problema, que aminoraría la actividad de las transportadoras ante el temor de que se apliquen infracciones; sin embargo, ante la posibilidad de que un juez de distrito conceda el amparo, "se necesita entrarle de manera definitiva al fondo del problema", de lo contrario se volvería al inicio de las dificultades por las que se bloquearon los accesos a los principales hoteles locales.

El gobierno desató el conflicto: choferes

En un sondeo, algunos choferes de taxis consideraron que el gobierno de Baja California Sur fue el principal responsable del problema, al permitir a las transportadoras ofrecer sus servicios en sitios de jurisdicción local, no obstante que la Ley del Transporte niega esa posibilidad.

De acuerdo con los trabajadores del volante, mientras que el actual gobernador con licencia, Leonel Cota Montaño estuvo al frente de la administración, hizo "oídos sordos" a las exigencias de los transportistas de alquiler, además que incumplió un compromiso que adquirió con el gremio cuando estuvo en campaña, en el sentido de que "aplicaría la ley sin distinción", y encontraría una solución definitiva al problema.

Los choferes, quienes solicitaron anonimato, coincidieron en que "gobiernos van y gobiernos vienen", pero nadie ha hecho nada por resolver la vieja problemática que hizo crisis, pues los transportadores "quisieron comerse todo el pastel" y sólo ofrecieron las "migajas a los taxistas", lo que derivó en el bloqueo el pasado 10 de enero.

 
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