Designar titular de la PGJE y aclarar transacción de club deportivo, retos del priísta

Denuncias de corrupción en el gobierno de Fidel Herrera; asumió el cargo hace 3 meses

"Me preocupa más promover empleos que los pleitos", su respuesta a preguntas de reporteros

GUADALUPE LOPEZ Y ANDRES T. MORALES CORRESPONSALES

Veracruz, Ver., 13 de marzo. Tres meses después de comenzada su administración, el gobernador priísta Fidel Herrera Beltrán no ha conseguido que el Congreso estatal apruebe el nombramiento de un procurador general de Justicia del Estado (PGJE)-sin mayoría priísta, sus dos propuestas han sido rechazadas-; tiene problemas para explicar la transacción mediante la cual el gobierno se quedó con el club de futbol Tiburones Rojos y ya se han ventilado públicamente varios casos de corrupción en su gobierno.

Ante los tropiezos, la nueva administración argumenta que recibió un estado sin dinero y con una deuda multimillonaria heredada por la administración de Miguel Alemán. Sin embargo, los pleitos entre sus colaboradores y el que su gabinete no termine de integrarse ha ocasionado que los partidos políticos digan que este gobierno "nada más no arranca".

Cuando Herrera Beltrán llegó al cargo, el primero de diciembre de 2004, el mandatario estatal encontró las arcas vacías, no había ni para los aguinaldos; un estado "en bancarrota", como dijeron los diputados locales, con una deuda de 5 mil 800 millones de pesos, de los cuales 3 mil 500 fueron contratados con bancos y el resto es con proveedores y contratistas, así como con el Instituto de Pensiones del Estado, entre otras situaciones. No había liquidez y el gobierno estatal tuvo que solicitar al federal un adelanto de sus participaciones.

Del presupuesto de este año, que es de 42 mil millones de pesos, se destinarán 450 millones para el pago de deuda; 95 para pago de capital y 350 millones de intereses. La deuda es a pagar en 10 años.

Aunado a la crítica situación económica, el gobernador inició su gestión con un gabinete incompleto en el que se insertaron alemanistas, como Juan Ignacio Aguilar de la Llave, ex secretario de Finanzas en la última etapa de Alemán Velasco, y a quien nombró como secretario de Comunicaciones, y Héctor Yunes Landa, a quien ratificó en la Subsecretaría de Gobierno.

Incorporó a empresarios y miembros de la academia, como los ex rectores de la Universidad Veracruzana, Víctor Arredondo Alvarez, actual secretario de Educación y Cultura, y a Carlos García Méndez, ex rector de la Universidad de Xalapa (privada) y actual secretario de Desarrollo Económico.

También incluyó en mandos medios y puestos de dirección a un grupo de jóvenes que todos conocen como los juniors, como Juan Maldonado Hernández -quien fue destituido dos meses después por razones no explicadas-; Américo Zúñiga Martínez y Antonio Ferrari Cazarín, hijos del ex secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, del ex coordinador de campaña y ex presidente del Congreso local, Guillermo Zúñiga Martínez, y del ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Económico, Ramón Ferrari Pardiño, por citar tres ejemplos.

Américo Zúñiga está encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues tampoco ahí se nombra todavía a un titular; y Ferrari Cazarín es subsecretario de Promoción y Desarrollo Empresarial. En el Instituto de Pensiones del Estado, el gobernador designó como director al empresario, propietario del periódico AZ y ex funcionario de la Secretaría de Finanzas, Oscar Rodríguez Hernández, quien dos meses después renunció en medio de presiones sindicales y de otros medios de comunicación.

Todavía no terminaba de anunciar el gobierno la renuncia del director de Pensiones del Estado, cuando Gonzalo Morgado Huesca -viejo político priísta-, removido de la dirección administrativa de la Secretaría de Gobierno, dejaba su oficina en medio de acusaciones contra el titular de la dependencia, Reynaldo Escobar Pérez, por supuesto despido, derivado de que se negó a cubrir sus gastos hechos "en cantinas y tabledance".

La respuesta del mandatario a las rencillas ha sido negar la crisis y repetir que "estoy más preocupado en promover empleos que en los pleitos de mis colaboradores", según dijo a los reporteros que lo cuestionaron al respecto.

Otro que tuvo que dejar el equipo de gobierno fue Rafael Grajales Sansores, quien desde la administración pasada fungía como director estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). A Grajales, la esposa del gobernador, Rosa Borunda, lo exhibió el pasado 6 de febrero cuando hizo publicó que el DIF había otorgado en forma irregular dos concesiones: el balneario Mocambo, propiedad de la dependencia, y el estacionamiento del auditorio Benito Juárez, ambos inmuebles en el puerto de Veracruz.

Y quien está en una situación indefinida es el director de Maquinaria de Veracruz (Maver), Manuel Silva Villa, a quien la Contraloría del estado le detectó un presunto desvío de recursos por cerca de 500 mil pesos en los escasos tres meses que tiene en el cargo. El funcionario, según reportes que ya trascendieron a la prensa, ha violado la normatividad en materia de trámites y control de viáticos y los lineamientos para operaciones y control de los fondos revolventes. Además, se le acusa de haber comprado colchones y cargarlos al erario público.

Por si fuera poco, la actual administración sufre la herencia alemanista. El Congreso no aprobó la cuenta pública de 2003 de las secretarías de Educación y Cultura, Desarrollo Regional, Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal, Pesca y Alimentación y de Salud y Asistencia debido a que, aseguró, están pendientes varias observaciones por incumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental. Asimismo, los diputados "amonestaron" públicamente a varios ex funcionarios, por el manejo que hicieron de sus presupuestos.

Sin visos de solución el asunto del nuevo procurador

Sin embargo, lo que tiene todos los visos de no arreglarse es el tema del nombramiento del procurador general de Justicia. El Congreso, en el que ningún partido tiene mayoría -el Partido Revolucionario Institucional cuenta con 22 escaños, sumando a un "desertor" del Partido del Trabajo y dos del Verde Ecologista de México que son parte de su alianza; el Partido Acción Nacional tiene 21; el de la Revolución Democrática, seis y Convergencia, uno -rechazó el 21 de diciembre la primera propuesta del gobernador, que recayó en Salvador Mikel Rivera, quien, dijeron, no tenía trayectoria dentro de la procuración de justicia.

Existe el riesgo que tampoco aprueben su segunda propuesta: Emeterio López Márquez. Este último está como encargado del despacho de la procuraduría, donde fue colocado tras pedir licencia como magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, y a quien, como tal, correspondió calificar la elección de gobernador.

Las fracciones blanquiazul y del sol azteca ya anticiparon a Herrera Beltrán que no aprobarán esta última propuesta porque, aseguraron, no reúne los requisitos legales. Es magistrado con licen-cia y de acuerdo con la Constitución Política de Veracruz para ocupar el cargo de procurador, tendría que haber dejado su puesto de ministro con un año de anticipación.

El gobernador ya respondió a los diputados que no hará nuevas propuestas y que entonces propongan ellos. López Márquez, quien también fue presidente del Instituto Electoral Veracruzano, es rechazado por la hoy poderosa bancada panista porque, dicen, actuó parcialmente en la calificación de la elección de gobernador.