Nueva controversia de diputados contra el edil con licencia
El Chacho podría ser detenido después del 10 de abril, considera Hendricks
Chetumal, QR., 11 de marzo. El gobernador Joaquín Hendricks Díaz dejó abierta la posibilidad de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detenga a Juan Ignacio García Zalvidea, El Chacho, alcalde con licencia de Benito Juárez (Cancún), después del 10 de abril, una vez que termine su periodo al frente de ese ayuntamiento.
En tanto, el también ex candidato de la coalición PRD-PT a la gubernatura del estado presentó una nueva controversia constitucional y un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por supuestas violaciones del Congreso local a suspensiones emitidas por el máximo tribunal del país, que frenaban el juicio político que se sigue en su contra.
Hendricks Díaz manifestó que hay poco tiempo para que se dé la resolución de la Corte. "A mí me parece que este asunto se va a sobreseer por el término de la administración municipal", y lo que va a suceder es que la legislatura y la Procuraduría de Justicia del Estado quedarán en libertad para continuar con el proceso contra García Zalvidea.
El mandatario estatal señaló que la PGJE continúa trabajando en las denuncias contra el alcalde del municipio de Benito Juárez (Cancún) por el delito de fraude, pero evitó referirse a una supuesta orden de aprehensión.
En Cancún, El Chacho anunció que el próximo lunes -día en que está citado por el Congreso para la sesión definitiva de su juicio de desafuero-, se presentará en la ciudad de Chetumal acompañado de pobladores de la región que "harán oír la voz del pueblo" en este caso.
Si bien el ex abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno estatal no especificó cuáles fueron los actos impugnados y los recur- sos utilizados para frenar al Congreso local, aseguró que se trata de una queja por violación de la suspensión en contra de la legislatura, y una nueva ampliación de la controversia constitucional existente (67/2004), para que la Corte emita una nueva resolución que frene el juicio político.
Hasta el momento, la SCJN ha emitido suspensiones por dos controversias constitucionales del ayuntamiento de Benito Juárez en contra del Congreso de Quintana Roo, con las cuales paralizó una auditoría al municipio, así como el juicio en contra del ex alcalde y la síndica Paula Martínez Buenfil.
Sin embargo, la semana pasada, legisladores estatales, sin la presencia de los perredistas, reactivaron el proceso de juicio político, al considerar que la Suprema Corte no les prohibió continuarlo. Por ese motivo, el Congreso citó a García Zalvidea para que exponga sus argumentos de defensa sobre las acusaciones de dejar en bancarrota el ayuntamiento de Cancún.
La comisión instructora pidió la inhabilitación política de 20 años para el ex alcalde y de 17 años para la síndica, además de que dará vista al Ministerio Público por diversos delitos que ambos habrían cometido.