Si no hay castigo se inhibirá que las mujeres hagan valer ese derecho: Pilar Nuriedas
Exige Sipam sancionar a funcionarios que impidan practicar abortos legales
En 2004 se atendieron 41 solicitudes; 15 por violación: Secretaría de Salud del DF
La directora general de la asociación civil Salud Integral Para la Mujer (Sipam), Pilar Nuriedas, exigió que sean sancionados los agentes del Ministerio Público y demás funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el caso de que se acredite que se negaron a aplicar el Código de Procedimientos Penales en materia de interrupción legal del embarazo.
De no haber castigo, indicó, habrá menos posibilidad de que las mujeres denuncien hechos que de por sí les es muy difícil denunciar, y se inhibirá que se atrevan a solicitar la interrupción legal del embarazo.
La entrevistada agregó que se requiere que los servidores públicos conozcan la legislación en la materia. No es posible, aseveró, que luego de que en el Distrito Federal se ha avanzado en lo que se refiere a denuncias por violación y solicitudes para la interrupción legal del embarazo, a las mujeres que están solicitando hacer valer este derecho se les niegue.
Según el coordinador de Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Salud del DF, Angel González, durante 2004 se incrementó la demanda para interrumpir embarazos, dentro de lo que marca la legislación, en los casos de violación y malformaciones congénitas. Precisó que durante ese periodo la dependencia atendió 41 solicitudes, de las cuales 15 estaban relacionadas con violaciones.
La directora de Sipam añadió que en la actuación de esos servidores públicos se observa "ignorancia y una actitud de no permitir que las mujeres decidan" en ese sentido, por lo cual "ante una denuncia de ese tipo se tiene que cumplir la ley".
Señaló, a propósito del pasado Día Internacional de la Mujer, que "una vez más se demuestra que todavía hay mucho que hacer para que los hombres comprendan que las mujeres tenemos el derecho de decidir".
Expuso que habría que preguntar a la procuraduría capitalina "qué está pasando" con los agentes del Ministerio Público que actúan de esa manera, y recordó la lucha que se tuvo que dar en el caso de Paulina, la menor embarazada tras una violación, a quien le fue negado el derecho de interrumpir el embarazo; esto se explicaba por tratarse de un gobierno conservador, como el de Tijuana, Baja California, pero "estamos esperando que el Gobierno del Distrito Federal no deje pasar un caso así", puntualizó.
El miércoles pasado, durante un foro convocado por la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de las Mujeres, Angel González informó que la red de hospitales de la Secretaría de Salud local practica al año alrededor de cinco mil cirugías a mujeres que llegan en "situación de abortos en evolución". Explicó que en estos casos es necesario intervenir a las pacientes para evitar su muerte.
Explicó que se consideran abortos en evolución aquellos en los que la mujer llega en estado de shock por un sangrado, debido a que se provocan abortos en sus casas y en lo que son trasladadas al hospital llegan en ese estado. El funcionario agregó que al año alrededor de 116 mil mujeres son internadas en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal debido a partos y abortos de urgencia médica.